Los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, tres de los cuatro integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia, entregaron al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum su informe final Fue el Estado (1965-1990) sobre las desapariciones y detenciones forzadas, tortura, masacres y otras graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante esos años.

Lo anterior, con el fin de que en la nueva administración se pueda crear un mecanismo de seguimiento a las investigaciones, y ante el maltrato y censura que se ha dado a este informe por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Arturo Medina, aseveró Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista, a dos días de que concluya el mandato de la Comisión para la Verdad –el próximo 30 de septiembre–, denunció que el informe oficial que elaboró el equipo de Medina, con el trabajo de los cinco mecanismos (esclarecimiento histórico, justicia, búsqueda, memoria y reparación), apenas dedica 19 páginas sobre la investigación de este grupo del MEH, que es de seis tomos y 5 mil páginas.

El subsecretario ha decidido censurar nuestro informe. Es un maltrato a las víctimas, un desprecio a toda su lucha, trayectoria, porque es una manera de cortar de tajo todo movimiento que nosotros documentamos y que por decisión unilateral del subsecretario determinó rescatar 19 páginas.

El único tema que recuperó Medina, quien preside la Comisión para la Verdad, es el de las violaciones graves a derechos humanos en contra de comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco de la contrainsurgencia, expuso Barrera.

Así, dijo, dejó fuera lo investigado sobre las violaciones contra personas marginalizadas y criminalizadas; contra disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares; disidencias sexogenéricas y religiosas, periodistas y refugiados, entre otros.

La investigación, presentada en agosto, duró 3 años y mostró que el saldo de la represión fue de por lo menos 8 mil 594 víctimas de detención y desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, masacres y otras violencias, incluida la sexual. Barrera resaltó que entrevistaron a más de mil víctimas, familiares y sobrevivientes.

Por este motivo, indicó que el informe Fue el Estado (1965-1990), que elaboró con Fernández Dávalos y Pérez Ricart –aparte está la investigación de la comisionada Eugenia Allier–, también lo entregaron a Oficialía de Partes de la Presidencia. Para dejar constancia de nuestro cumplimiento al decreto presidencial, enfatizó.

El fundador del Centro Tlachinollan subrayó la importancia de también atender las recomendaciones del documento, para que se haga un reconocimiento público de parte de la autoridad de que se han cometido estas graves violaciones, y el compromiso de investigar y castigar a los responsables.