Claudia Sheinbaum Pardo, que será presidenta de México a partir del martes de la próxima semana, es la tercera titular del Ejecutivo con quien tengan que tratar las madres y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en su inclaudicable exigencia de justicia y verdad.

Como anticipo de lo que será su relación en el sexenio que está a punto de iniciarse, el pasado 29 de junio se llevó a cabo una reunión del colectivo de familiares junto con sus abogados y la próxima mandataria. Fue un encuentro a puerta cerrada en el patio central del Museo de la Ciudad de México en el que escucharon al menos tres promesas elementales: No va a haber carpetazo, no se nos va a olvidar el caso Ayotzinapa y nos vamos a seguir reuniendo.

La cita era precedida por tensiones y rupturas entre las distintas entidades involucradas en la investigación y un visible enfriamiento en la relación del colectivo y sus abogados con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a ello, se mantuvo la decisión de buscar la interlocución con quien encabezará el nuevo gobierno. Como lo expresó Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa: Es difícil para nosotros volver a confiar en las autoridades después de todo lo que hemos pasado estos años, pero tenemos que seguir tocando puertas. Nunca vamos a dejar de luchar por nuestros hijos.

Escueta como suele ser en declaraciones sobre temas de gran calado que aún no están en sus manos, la presidenta electa ofreció continuar con las investigaciones y encontrar un método de trabajo que nos permita lo que están pidiendo: verdad, justicia y (saber)dónde están los jóvenes.

Lo que se informó de esta reunión fue mínimo, pero significativo. Duró casi dos horas. Antes, Sheinbaum los había esperado pacientemente hora y media, ya que el grupo se había reunido con retraso en Palacio Nacional con López Obrador, un encuentro tenso y frustrante, como fueron las últimas citas con el mandatario.

Sola en el umbral del museo, Claudia Sheinbaum saludó a cada uno de mano. Sólo la acompañaron su futura secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y su secretario particular, Carlos Augusto Morales.

Como había ocurrido en los dos anteriores encuentros en la Presidencia, fueron invitados a esa reunión un grupo de padres que habían roto con el colectivo fundador años antes. Esto provocó el rechazo del grupo mayoritario, ya que la división se produjo a raíz de su asistencia a un mitin en defensa del ex presidente municipal José Luis Abarca, presunto responsable de los hechos.

A instancias del nuevo subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, a estos familiares encabezados por Felipe de la Cruz se les ha incorporado como interlocutores.

En el último año, las familias de los normalistas perdieron importantes aliados por parte del gobierno, en particular el anterior fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigio, Omar Gómez Trejo, a quien –solían insistir– profesaban especial confianza, y el anterior presidente de la Covaj, Alejandro Encinas. Tampoco estuvieron a su lado los miembros del GIEI, con quienes establecieron estrechos lazos afectivos. Sin estas alianzas iniciarán su relación con la nueva presidenta.

Gómez Trejo fue sustituido por el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra, abogado tabasqueño sin experiencia en temas de derechos humanos, y el cargo de Encinas lo ocupa Arturo Medina, también sin experiencia en asuntos relacionados con desaparición forzada.

A pesar de todo, por parte de las familias de los muchachos la comunicación fluyó. Según el director de Tlachinollan, Abel Barrera, que estuvo presente, varias madres hablaron e hicieron sentidos relatos sobre lo que han significado estos 10 años de sufrimiento, incertidumbre y frustración por la falta de respuestas a la duda esencial: ¿dónde quedaron los muchachos?