Este gobierno que se comprometió a esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa dejará varios pendientes. El principal: dar con el paradero de los muchachos.

Si bien hubo avances relevantes en estos años, como la identificación de los restos de tres de los estudiantes a partir pruebas de ADN, definir la noche de Iguala como un crimen de Estado y llevar a juicio a actores que estarían ligados a los hechos –entre ellos dos altos mandos del Ejército, y el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien acuñó el término la verdad histórica–, la expectativa generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanzó a cumplirse.

A 10 años de esos crímenes las familias aseguran: las investigaciones siguen sin mayores avances.

El propio mandatario federal reconoció en su último Informe de gobierno, presentado en el Zócalo de la Ciudad de México el primero de septiembre, que este problema representa una asignatura pendiente de su gestión, pues fue uno de los 100 compromisos que hizo al rendir protesta en 2018.

La falta de resultados concretos y el deslinde de responsabilidades del Ejército como institución por parte de López Obrador son factores que derivaron en divergencias con los padres de familia, aseguran fuentes relacionadas con el caso y que fueron parte de los diálogos realizados a lo largo del sexenio en Palacio Nacional entre el Presidente, las víctimas y sus representantes.

En varias ocasiones en los meses recientes, además, el jefe del Ejecutivo ha dicho que en aquellas etapas de su historia, el Ejército actuó acatando órdenes de mandos civiles.

Varias fuentes que conocen el caso a fondo –incluidos actores gubernamentales que prefirieron reservar su identidad– coincidieron en que en el sexenio por terminar se han dado contrastes y que no hay un parteaguas que ubique el momento en el que se dio un distanciamiento entre el gobierno y las familias. Fue gradual, señalaron.

En los dos años recientes ha descalificado la actuación de los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, así como de otras organizaciones que han acompañado a las familias y las asesoran.

En su mañanera del pasado 2 de agosto aseguró que estas organizaciones sirven a intereses del exterior y son sectarias.

En varios momentos, el Prodh negó las imputaciones del Presidente.

Asimismo, López Obrador ha deslindando al Ejército de los hechos y ha reiterado que existe un pacto de silencio entre actores involucrados que impide los avances.

Reprochó en diversas ocasiones la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre todo a partir de que documentaron que las fuerzas armadas no habían entregado toda la información requerida para llegar al fondo del caso.

El 19 de octubre de 2023 imputó directamente a intereses y agencias extranjeras, en particular de Estados Unidos, el intento por culpar al Ejército de la desaparición de los 43 estudiantes, a fin de debilitar a las instituciones del país.

Esa hipótesis la planteó también en una carta dirigida a los padres de los normalistas el martes pasado, la cual forma parte del último informe de esta administración sobre el caso.

En la misiva, responsabilizó a Gildardo López, alias El Gil, miembro de Guerreros Unidos, de haber entorpecido los avances en el caso Ayotzinapa, aun cuando se detuvieron extradiciones a Estados Unidos para conseguir su colaboración.

En el primer informe que envió a las familias, con fecha de 25 de julio, el titular del Ejecutivo asentó: hasta el día de hoy no tengo pruebas de que el Ejército haya intervenido en la desaparición de los jóvenes, y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no se ha encontrado nada, más que versiones sin pruebas de una periodista.

El documento, de 109 cuartillas, incluía un reporte de la Sedena en el que esa dependencia expuso sus apoyos para el caso, así como un detallado análisis sobre las declaraciones de tres testigos colaboradores que acusan a elementos castrenses de haber participado en la detención y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, las cuales no han sido consistentes y son contradictorias, pues los militares que actuaron cuando ocurrieron los hechos en ningún momento tuvieron contacto con los estudiantes.

El 28 de julio de 2023, en Nayarit, el reportero de esta casa editorial Alonso Urrutia aprovechó que los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, estaban presentes en para pedir su opinión sobre el informe del GIEI en el que se afirmó que no se había permitido el acceso a todos los archivos castrenses.

López Obrador evitó que los altos mandos militares respondieran e intervino él: soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, además del Presidente de México, por eso quiero contestar yo. Porque no es cierto. Es una campaña en contra del Ejército de México sin fundamento. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Al salir de su último encuentro con el Presidente, hace un mes, las familias declararon: no terminamos bien con este gobierno.

A 10 años de los crímenes y la desaparición de sus hijos, hoy los padres y las madres dirigen sus esperanzas al gobierno que arrancará el primero de octubre.