Con una manifestación y por escrito, trabajadores del primer circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitaron ayer al embajador canadiense Graeme C. Clark que levante la voz ante la reforma judicial de México, a fin de defender los acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lejos de querer la cancelación del mismo (T-MEC), lo que aspiramos es a que, encarecidamente su excelencia levante la voz dentro de los marcos protocolarios establecidos en la diplomacia, para defender los acuerdos del tratado celebrado con esta nación, que hacen que la región norte de nuestro continente se consolide en las operaciones comerciales como una fortaleza, en el entendido de que lo que ocurra al vecino necesariamente va afectar a toda la región, señala el escrito.

En el oficio entregado a la embajada de Canadá en México, los trabajadores afirman que con la reforma el PJF “quedará cooptado por los otros dos poderes de la Unión –Ejecutivo Federal y Legislativo– lo que genera perder el estado de derecho y da inicio a la actuación de un autoritarismo que vulnera flagrantemente la independencia e imparcialidad de la justicia en México”.

Acusan que cambios legales suprimen la carrera judicial como medio para ser juez y magistrado y en su lugar establece un sistema de votación popular, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “lo que acaba con la independencia judicial y la imparcialidad de los juzgadores, pues atenderán a los intereses de los grupos que los hayan impulsado en el proceso de elección.

Lo anterior va en contra de los acuerdos del T-MEC celebrado entre Canadá, Estados Unidos y nuestro país, agregaron.

Y advirtieron que si los jueces de elección popular no respetan la ley, eso se traduce en que nadie podrá vivir en un estado de derecho, ni nacionales ni extranjeros.