En 34 días de suspensión de trabajos de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de 6 mil 419 millones 690 mil 84 pesos, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama.

Batres publicó en su cuenta de X que el PJF tiene un presupuesto de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos este año, de los cuales los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito erogan 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos. Lo anterior, declaró, quiere decir que cada día que han suspendido sus labores los tribunales y los juzgados del PJF nos han costado 188 millones 814 mil 414 pesos. Por eso, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por 6 mil 419 millones 690 mil 84 pesos por el gasto de un servicio que no ha proporcionado.

Apuntó que además del daño económico ocasionado por el paro de labores, el PJF ha dejado de garantizar el acceso a la justicia. Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes. Mientras en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 asuntos en juzgados y tribunales, en agosto de este año apenas se resolvieron 14 mil 81 asuntos, y falta ver el corte de septiembre.

Además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, añadió que en los meses recientes se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes nos hemos manifestado a favor de la reforma: legisladores, ministras y el Presidente de la República.

Responsabilidades

Por ello, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben asumir su responsabilidad, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, para garantizar la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales; suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores, y sancionar a quienes han incurrido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas.

La inacción reiterada de la SCJN y del CJF sólo puede revelar una estrategia deliberada de promoción de la violencia. La voluntad popular ya se expresó en las urnas y en el Congreso de la Unión con la aprobación de la reforma judicial. Toca a los poderes del Estado hacerla valer y resguardar el orden constitucional. Nuestro pueblo ha dado muestra de poder transformar su régimen político de manera pacífica y democrática. Quienes encabezamos las instituciones del Estado mexicano tenemos el reto de estar a la altura de nuestro pueblo, agregó la ministra Batres Guadarrama en su declaración.