La inacción de la Corte revela una estrategia de promoción de la violencia
Martes 24 de septiembre de 2024, p. 4
En 34 días de suspensión de trabajos de juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) se ha ocasionado un daño económico de 6 mil 419 millones 690 mil 84 pesos, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama.
Batres publicó en su cuenta de X que el PJF tiene un presupuesto de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos este año, de los cuales los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito erogan 68 mil 917 millones 261 mil 195 pesos. Lo anterior, declaró, quiere decir que cada día que han suspendido sus labores los tribunales y los juzgados del PJF nos han costado 188 millones 814 mil 414 pesos. Por eso, el paro de 34 días ha ocasionado un daño a la ciudadanía por 6 mil 419 millones 690 mil 84 pesos por el gasto de un servicio que no ha proporcionado
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Apuntó que además del daño económico ocasionado por el paro de labores, el PJF ha dejado de garantizar el acceso a la justicia. Se abandonaron 440 mil juicios de amparo pendientes. Mientras en agosto de 2023 se resolvieron 113 mil 246 asuntos en juzgados y tribunales, en agosto de este año apenas se resolvieron 14 mil 81 asuntos, y falta ver el corte de septiembre
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Además del daño económico y el abandono de las obligaciones en la impartición de justicia, añadió que en los meses recientes se han registrado actos de violencia que han dejado daños materiales y agresiones contra quienes nos hemos manifestado
a favor de la reforma: legisladores, ministras y el Presidente de la República.
Responsabilidades
Por ello, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben asumir su responsabilidad, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, para garantizar la reanudación inmediata de actividades jurisdiccionales; suspender los salarios de quienes insistan en el ilegal paro de labores, y sancionar a quienes han incurrido en acciones violentas e incluso en la comisión de delitos durante las protestas.
La inacción reiterada de la SCJN y del CJF sólo puede revelar una estrategia deliberada de promoción de la violencia. La voluntad popular ya se expresó en las urnas y en el Congreso de la Unión con la aprobación de la reforma judicial. Toca a los poderes del Estado hacerla valer y resguardar el orden constitucional. Nuestro pueblo ha dado muestra de poder transformar su régimen político de manera pacífica y democrática. Quienes encabezamos las instituciones del Estado mexicano tenemos el reto de estar a la altura de nuestro pueblo
, agregó la ministra Batres Guadarrama en su declaración.