Fiscalizar primero a grandes contribuyentes y de ahí hacerlo con el resto de causantes fue una de las estrategias más exitosas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para evitar que los ingresos que sustentan el erario cayeran en esta administración.

A diferencia del combate a las factureras, cuyo efecto se diluyó, las auditorías aún representan ingresos para el fisco, sostienen especialistas.

Una de las primeras tácticas de esta administración fue el combate a las factureras –supuestos proveedores que emiten facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias para inflar los gastos de las empresas y disminuir sus contribuciones–.

En junio de 2019, la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, expuso que, bajo ese esquema, desde 2014 hasta ese momento se había detectado la evasión de 354 mil 512 millones de pesos en impuestos, entonces 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).

“Había una estrategia bastante contundente incluso hasta mitad de sexenio. Era muy clara la posición de ir contra ellas al mismo tiempo que se avanzaba con el tema del outsourcing (subcontratación) en lo laboral, de manera que se lograra reducir la evasión tanto desde el lado de contribuciones de seguridad social, como desde el lado de impuestos, sobre todo ISR e IVA. Lo que pasa es que se diluyó la estrategia”, sostiene Carlos Brown Solà, director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam México.

Diluido, el efecto de perseguir a factureras

Esto se evidencia en el número de casos abiertos en contra de factureras, así como en la identificación de empresas fantasmas, que cayó en los últimos años.

Se debe a que, si bien el combate a estas figuras arrancó como una forma de reducir la evasión y elusión fiscal, las medidas de austeridad que fueron reduciendo los recursos en el organismo han obrado contra las capacidades de la institución; incluso en los litigios contra grandes contribuyentes. “Se topa con la judicialización (…) Ahí es donde hay que ver el papel que toma el Poder Judicial en este proceso. No a fin de satanizar, sino de entender dónde están los obstáculos principales que impiden que se logre recaudar sin llegar a tribunales, pero incluso si se judicializan los casos, buscar dónde el Estado mexicano puede tener las herramientas normativas para defender la recaudación adecuada, especialmente de grandes contribuyentes”, declara Brown.

Hacer más con menos

Parte de la debilidad institucional en el SAT pasa por los recursos, explica el especialista de Oxfam México. Su presupuesto venía cayendo desde la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero con López Obrador se consolidó el recorte en términos reales.

Entre 2018 y 2024, las asignaciones al SAT pasaron de 13 mil 722 millones de pesos a 12 mil 246 millones, una caída real de 32.5 por ciento, de acuerdo con los paquetes económicos de los años respectivos.

Eso claramente tiene un impacto en la capacidad del SAT para llevar estos procesos, hacer las investigaciones pertinentes y colaborar con autoridades como el Ministerio Público y llevar esta causa de manera adecuada, enfatiza Brown Solà.

Sobre este punto, Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, considera que en general esta reducción de recursos probó de cierta manera que se hizo más con menos. De acuerdo con datos del SAT, por cada 24 centavos que se invierten en recaudar, se captan 100 pesos. Este indicador estaba en más del doble, 54 centavos, al cierre de la administración pasada.

No hubo una reforma fiscal de gran calado, lo que sí hubo fue una fiscalización importante que está dando sus frutos y que evidentemente se notó con la pandemia, resume el contador público Mendieta González.

Justo esa fiscalización, primero a grandes contribuyentes y luego a otros causantes, ha tenido otro curso al del combate a las factureras, considera Brown. “Sigue siendo una estrategia efectiva (…) los resultados están a la vista. Eso es innegable. Que estén recaudando más del doble de lo que recaudó Peña Nieto en términos reales da cuenta de lo efectiva que es”. Con datos del SAT, en julio la recaudación producto de auditorías a contribuyentes de todo tamaño pasó de captar 1.2 billones de pesos en el sexenio pasado a 3.4 billones de pesos en lo que va de la actual administración.

Nuevas estrategias

Sin embargo, enfatiza el investigador, esa fiscalización a grandes contribuyentes no puede ser la única medida para garantizar un incremento en los ingresos, sobre todo a la luz de menor captación de la renta petrolera por parte de la hacienda pública. Los ingresos públicos se están haciendo cada vez más tributarios. Así que cualquier vía para fortalecer este componente es fundamental.