Toda persona que no goza de salud física debería tener el derecho de decidir sobre su vida y recibir ayuda de un profesional, coincidieron especialistas en diferentes disciplinas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como de instituciones privadas durante la sesión extraordinaria del seminario permanente de bioética.

Ante esta perspectiva, presentaron una propuesta de iniciativa de ley para legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en la Ciudad de México, la cual será enviada al Congreso de la capital del país por la Asociación Libertad para Morir.

La iniciativa busca ayudar a las personas que padecen paraplejia u otras situaciones críticas que llevan a interrumpir su proyecto de vida, externaron especialistas de la universidad nacional en filosofía, sicología, derecho y medicina general.

La profesora de siquiatría en la Facultad de Medicina, Asunción Álvarez del Río, detalló que la muerte médicamente asistida es cuando un ser humano, con su capacidad mental, pero con condiciones de vida reducidas al mínimo, desea ejercer su libertad de determinar si ya no quiere vivir así.

La experta en dilemas éticos explicó que lo anterior incluye dos conceptos: la eutanasia, entendida como la ayuda médica que otorga alguien del personal de salud para causar el fallecimiento de manera directa. El otro es el suicidio médicamente asistido que consiste en recibir asistencia del personal de salud limitada a proporcionarle los medios y es la propia persona quien realiza la acción que motiva su deceso.

Señalaron que el objetivo del proyecto de ley es apoyar a enfermos con condición limitada o amenazante para su vida, irreversible e incurable, para que opten por interrumpirla sin importar la edad.

Para los ponentes, la lucha por la vida tiene sentido, siempre y cuando puedas recuperar la salud o las funciones, mantener un cuerpo biológico a toda costa es absurdo.

El abogado Pedro Isabel Morales Aché, miembro de la Asociación Libertad para Morir, enfatizó que la eutanasia no debería considerarse ni ilegal ni inmoral, como numerosos grupos piensan, especialmente médicos, pues uno de los principales diques no son las iglesias, sino el personal de salud al que hay que educar.