La titularidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es una de las designaciones pendientes en el próximo gobierno y de las que más interesan a organismos civiles y empresariales. Se perfila el nombramiento del diputado Juan Guillermo Rendón Gómez (Morena), quien ya se ha reunido con quien será secretario de Salud, David Kershenobich.

Para ese cargo también se ha mencionado al actual comisionado de Fomento Sanitario, Pablo Quiroga, y a la comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos, Miriam Loera. Ambos forman parte del equipo del todavía comisionado Alejandro Svarch, quien a partir del 1º de octubre ocupará el cargo de director del organismo público descentralizado IMSS Bienestar.

Representantes de la industria farmacéutica señalaron que al frente de la agencia sanitaria se requiere un funcionario con experiencia en el sector, con la finalidad de llevar a México a ocupar un sitio de liderazgo internacional en la fabricación de medicamentos y vacunas.

Resaltaron que la Comisión también tiene un papel importante en el acceso a las medicinas, área en la que está en curso la agilización de trámites de registros y entregas de certificados de buenas prácticas de manufactura a las empresas para que estén en condiciones de competir con fabricantes del extranjero.

Además, de la Cofepris dependen trámites de diferentes sectores de la industria, cuyo valor se estima en el equivalente a 10 por ciento del producto interno bruto.

En el caso de los medicamentos, en la administración que está por terminar se hizo público el entramado de corrupción que había dentro y fuera de la agencia sanitaria para favorecer a algunas empresas con la agilización de sus trámites de registros sanitarios, en detrimento de otras que aunque también cumplían con los requisitos, sus expedientes eran relegados o, de plano, dictaminados de manera negativa.

Funcionarios del sector advirtieron que además de mantenerse como una agencia de referencia internacional, la Cofepris tiene el reto de preservar su independencia de los intereses económicos y políticos a fin de garantizar el acceso a productos (medicinas y dispositivos) de calidad, seguridad y eficacia.