pesar de nuestras evidentes y profundas diferencias políticas, todos en México podríamos coincidir en algo: el país tiene un reto estructural en materia de seguridad. Más allá de culpar a diferentes gobiernos en particular, se debe establecer con claridad que es una responsabilidad del Estado y la primera tarea a resolver, si queremos estar en condiciones de recibir inversiones, crecer económicamente, pero, sobre todo, vivir en paz como sociedad.
En la segunda mitad del siglo XX, los problemas de México oscilaban entre lo político y lo económico. Nuestras crisis económicas derivaban en crisis políticas y viceversa. El desacuerdo o malas decisiones en la cúpula, en consecuencias funestas para la economía y la marcha del país. Hoy, empero, no es la política ni la economía lo que priva en la mente de cada mexicano; sino la seguridad personal, patrimonial y familiar. En lo político, está claro que el régimen de alternancia y pluralidad que emergió con el siglo XXI, ha sido borrado con la legitimidad de las urnas y la mayoría de los votos. La insatisfacción popular con los resultados de la democracia, y la distancia de las élites con el ciudadano de a pie, le pasaron factura al sistema de partidos, del que hay que empezar a hablar en pasado en tanto no se reconstruya en una opción seria de alternativa de poder. En lo económico, a pesar de posiciones ideológicas, se ha mantenido un criterio esencial de responsabilidad de gasto y racionalidad en la toma de decisiones monetarias y fiscales. Es decir, México puede estar coyunturalmente inmerso en turbulencias políticas y económicas, pero en definitiva está inmerso en una crisis estructural de seguridad.
Seguridad entendida, en el concepto más liberal posible, como la capacidad del Estado de garantizar los bienes, la seguridad y la vida de la población. Seguridad entendida, en el concepto más cercano a la realidad, a la certeza de un ciudadano cualquiera de caminar por la calle sin temor de ser asaltado, de poner un negocio sin la sentencia del derecho de piso, de vivir y trabajar sin miedo de ser asesinada por simple razón de género; de saber que ahí donde se vive, la policía o el Ejército no pueden más que las bandas criminales. Todos tenemos claro qué nos gustaría para México en materia de seguridad, lo que hemos dejado de tener claro es si es factible para el Estado, el recuperar el terreno perdido en esta materia en el primer cuarto de siglo.
Y esa interrogante supone un grave problema para el crecimiento económico y el desarrollo de México de cara al futuro. Porque las ventajas de la globalidad, el nearshoring, y la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, sólo aplican bajo la premisa básica del respeto a las reglas, la existencia de condiciones de seguridad e infraestructura. En otras palabras, si queremos seguir siendo un país integrado al mayor mercado del mundo, necesitamos resolver la incertidumbre que provoca la inseguridad en México. No es más un tema de cárteles de la droga o el tráfico de estupefacientes, se trata de la amenaza integral que las múltiples estructuras criminales, suponen para el funcionamiento básico del Estado. Porque la evolución de las bandas criminales fue brutal: pasaron de una logística para el movimiento de sustancias ilegales, al cobro de impuestos, tráfico de personas, control de policías municipales, participación en cadenas de valor como la construcción, penetración del sistema financiero, y en general, la diversificación de sus negocios. En cada vacío que dejó el Estado, en todos los niveles del gobierno, hoy tenemos la participación del crimen.
Esa ecuación no puede ni debe ser el futuro de México. La fragilidad institucional que hoy vemos en Sinaloa, pero que hemos atestiguado en Guanajuato y en una decena de entidades más, es el claro síntoma del problema de nuestra generación. Un Estado fuerte cuando se trata de la relación con los ciudadanos, y un Estado débil cuando se trata de combatir la amenaza criminal. Partidos y gobiernos han ido y venido, pero el desafío sólo crece y empeora cada día más. El próximo sexenio puede ser el punto de inflexión para recuperar esos espacios perdidos a lo largo de décadas, y con ello, garantizar la estabilidad política y económica de México.
¿Qué sería de nuestro país si tuviera condiciones de seguridad? Esa es la sencilla pregunta que nos hemos acostumbrado a obviar, pero que define –por simple y reveladora– nuestro potencial como nación en lo que resta del siglo. Un objetivo que, más allá de coyunturas, filias, fobias y partidos, debería ser común.
