e acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre enero y agosto de este año las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) reportaron utilidades de 8 mil 359 millones de pesos, un salto de 32 por ciento respecto a los 6 mil 320 millones de igual lapso de 2023. En 2020, el gobierno federal aprobó una reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro que impuso un tope a las comisiones que las Afore pueden cobrar a los trabajadores por administrar sus recursos pensionarios, la cual entró en vigor en 2022 y supuso una caída de 62 por ciento en las ganancias de dichas instituciones frente a la cifra sin precedente que se habían adjudicado en 2021.

En ese proceso, los mayores fanáticos del libre mercado auguraron que la regulación gubernamental sería insostenible, llevaría a la insolvencia a las Afore y causaría daños a millones de trabajadores. Las cifras reportadas este año muestran que no sólo no se cumplieron esos augurios dogmáticos, sino que estas entidades siguen haciendo un negocio fabuloso con el manejo de los 6 billones 500 mil millones de pesos del ahorro pensionario.

Que una empresa lucre con sus actividades no tendría nada de escandaloso si no fuera porque el origen de sus dividendos son la destrucción del sistema de pensiones solidarias y la privatización de los fondos para la jubilación impulsadas por el ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y aprobadas por priístas y panistas en el Congreso. Tampoco sería indignante si, a cambio de las comisiones que sustraen a los ahorros de sus clientes, estas compañías garantizaran pensiones dignas, acordes con el costo de vida en el país y con los derechos establecidos en la Constitución. Pero el hecho es que gran parte de los trabajadores llegará a su edad de retiro sólo para enterarse de que el saldo de su Afore no alcanza para solventar sus gastos elementales, por lo que se enfrentará a la disyuntiva entre seguir trabajando o caer en la pobreza. En muchos casos, la prolongación de la vida laboral irá de la mano con las carencias.

De acuerdo con la calculadora de pensiones que provee la Consar, un hombre de 25 años que comenzara a cotizar hoy mismo con un salario de 16 mil 777 pesos (el ingreso promedio de los trabajadores afiliados al IMSS), se mantuviera empleado de manera ininterrumpida a lo largo de 40 años y se retirase a los 65 alcanzaría una pensión mensual estimada de 15 mil 363 pesos. Para una mujer sería incluso menor, de apenas 14 mil 589 pesos. En ambos casos, debe considerarse que la inflación acumulada en cuatro décadas hará que esos montos tengan apenas la cuarta parte del poder adquisitivo actual, es decir, que equivaldrían a unos 3 mil 750 pesos de hoy. Incluso si el salario del trabajador hipotético se incrementara de manera sostenida en el mismo lapso (lo que no siempre ocurre en el mercado laboral mexicano), está claro que el saldo de su pensión apenas cubriría una pequeña parte de las necesidades de una persona de la tercera edad, quien debe afrontar elevados gastos médicos.

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar propuesta por el gobierno federal para garantizar que todos los pensionados reciban cuando menos el monto correspondiente al salario medio sin duda representará un gran alivio para los millones de personas que perciben sueldos por debajo de la media, pero, como se ilustró, esa cifra dista de ser suficiente. Además, el peso de compensar las pensiones raquíticas recaerá sobre las arcas públicas, por lo que todos los contribuyentes estarán pagando el desastre generado por el esquema de retiro neoliberal y por las empresas cuyo modelo de negocio consiste en pagar salarios miserables. Para colmo, el escenario empeorará año tras año debido al envejecimiento demográfico, con cada vez menos personas en edad de trabajar y más en necesidad de una pensión, por lo que resulta urgente legislar alternativas a un modelo que no está diseñado para resolver el desafío de la seguridad social, sino para proveer clientes cautivos y ganancias aseguradas a un puñado de grandes empresas.