Una mayor asignación de recursos públicos a programas sociales y de infraestructura, así como el fortalecimiento del mercado interno y de las empresas del sector energético del Estado, son hechos que en materia económica marcaron el gobierno que concluye en una semana. En los siguientes días, La Jornada ofrecerá un repaso de los últimos seis años

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador termina en una semana y la economía del país transita de una administración a otra sin crisis. En seis años el mercado interno, responsable de dos terceras partes del producto interno bruto (PIB), se fortaleció, apuntalado por mayor consumo e inversión, además del empuje de las remesas. El país aumentó su peso comercial en América del Norte, mientras la pobreza se redujo y el ingreso de las familias más pobres creció en una proporción mayor al de los grupos que están en la punta de la pirámide, como dejan ver datos oficiales.

Las finanzas públicas, cuya debilidad fue una causa de crisis económica en transiciones anteriores, reportan un crecimiento de los ingresos mayor al de las cinco administraciones previas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el gasto público, mientras tanto, el monto de recursos destinado a desarrollo social tuvo un crecimiento promedio anual de 5.4 por ciento en términos reales, es decir, descontada la merma en el poder adquisitivo por la inflación, de 2019 a la fecha. Se trata de un repunte que casi multiplica por seis al del gobierno previo, cuando fue de 1.2 por ciento en promedio anual.

Los seis años del gobierno concluyen con déficit fiscal que en 2024 será equivalente a 5.9 por ciento del PIB, la medida usualmente empleada para cuantificar la diferencia entre ingresos y gasto público, según previsión de Hacienda. Es prácticamente el doble del registrado en 2023 y la dependencia lo explica como el resultado de las erogaciones para concluir los proyectos prioritarios de infraestructura: Tren Maya, refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico, entre otros.

El aumento del gasto fue financiado con una mayor recaudación de impuestos, principalmente entre los grandes contribuyentes, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los ingresos tributarios, los que resultan de cobrar impuestos a la renta y consumo a empresas y familias y en los que no se incluyen los petroleros, serán equivalentes a 14.6 por ciento del producto interno bruto al término del gobierno. Es una proporción respecto del tamaño de la economía, mayor a la de las cinco administraciones previas.

Al cierre del sexenio de Carlos Salinas eran 8.6 por ciento del PIB; en el siguiente, de Ernesto Zedillo, se redujeron a 8.3 por ciento y, en la misma tendencia se ajustaron a 8 por ciento durante el mandato de Vicente Fox. Igual nivel tuvieron con Calderón y subieron a 12.7 por ciento del PIB al finalizar el gobierno de Peña Nieto, muestran datos de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La deuda pública, cuyo repunte fue también causa de crisis económicas en décadas pasadas, está en métricas internacionales, según Hacienda. En 2024 será equivalente a 48.6 por ciento del PIB. En los últimos seis años, medida como proporción del producto, se incrementó en 4.9 puntos porcentuales, de acuerdo con esa dependencia.

Comparativamente, entre 2018 y 2024 la deuda pública de Estados Unidos creció 16.2 puntos de su producto. La de Brasil, primera economía latinoamericana, lo hizo en 8.7 del PIB, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El promedio de repunte de la deuda pública de América Latina, en los últimos seis años, fue de 9 puntos porcentuales del producto de la región, casi el doble que México, según información del Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

La SHCP sostiene que la deuda de México creció en seis años en una proporción menor que en administraciones previas. Los 4.9 puntos porcentuales del PIB en que aumentó el débito público en la gestión de López Obrador, son superados por los ocho puntos de alza en el mandato de Peña Nieto o los 7.4 puntos del producto con Felipe Calderón.

¿Y quién ganó?

Al concluir el sexenio, México tiene la segunda tasa de desocupación más baja entre los países de la OCDE, con 2.7 por ciento de la población económicamente activa. El ingreso de la población mejoró, a partir de incremento a los salarios mínimos y la inversión social.

Los recursos a programas sociales, que el gobierno clasificó como prioritarios, pasaron de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones de pesos en 2024, un crecimiento de 131 por ciento en términos reales, mostraron datos de la SHCP. En particular, el de pensión para adultos mayores vio un aumento de su presupuesto de 113 mil 69 millones en 2019 a 465 mil 49 millones de pesos este año. Y el de Becas Benito Juárez, de 56 mil 830 millones a 100 mil 937 millones, en el mismo periodo.

Entre 2020 y 2022, el ingreso trimestral de los hogares más pobres creció 11 por ciento, mientras que el de los que están en la parte alta de la pirámide lo hizo 7.8 por ciento, de acuerdo con el Inegi. De 2018 a 2022, que incluye el impacto de la pandemia, las variaciones para esos mismos grupos fueron de un alza de 19.9 por ciento para los de menor ingreso y una contracción de 2.2 por ciento para los de arriba.