Al ser un país pionero en varios temas de derechos humanos, políticas sociales y de lucha contra la discriminación, México requiere que en la aplicación de la reforma al Poder Judicial existan garantías de que en la elección popular de jueces, magistrados y ministros haya perfiles independientes de los poderes político, económico, fáctico y de grupos del crimen organizado. Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza un trabajo de monitoreo constante, aseguró la relatora de este organismo para México, Andrea Pochak.

En entrevista con La Jornada, reveló que en las semanas recientes, varios jueces han solicitado a la CIDH medidas cautelares para frenar la reforma constitucional, debido a la preocupación por las posibles afectaciones a sus derechos y a la independencia judicial. Sin embargo, aclaró que dicho mecanismo no se aplica en estos casos y se emite sólo para personas cuya vida o integridad física está en riesgo.

La comisionada Pochak reconoció la importancia de que el país haya avanzado en una reforma judicial frente a los altos índices de impunidad en los delitos de violencia de género, desaparición de personas, asesinatos, así como la corrupción y en general la ineficiencia que tiene la justicia mexicana. Pero lamentó que no sea la que México necesita.

Por lo contrario, dijo, se trata de un cambio que afectaría la independencia judicial, el acceso a la justicia y el estado de derecho, de ahí que la CIDH haya expresado su preocupación.

Explicó que si bien la comisión comparte el propósito de democratizar el Poder Judicial, la elección popular de todos sus miembros a escalas federal y estatal –como plantea la reforma que entró en vigor el 16 de septiembre pasado–, por sí misma no garantiza que sea democrático.

El procedimiento previsto, señaló, no da certezas en cuanto a que los candidatos que serán sometidos a voto popular llegarán por sus méritos, dado que no se consideran exámenes ni concursos de oposición, lo que también desincentiva la carrera judicial.

Pochak, abogada argentina, se preguntó cómo se garantizará que la sociedad conozca a cada candidato. Tratándose de tantas personas, de tantos cargos que se someten a elección popular, nos preocupa cómo se va a asegurar que la ciudadanía esté debidamente informada sobre los antecedentes de cada una.

Otra inquietud de la CIDH, manifestó, es que la elección de jueces y magistrados se realice al mismo tiempo que la de políticos; que se establezca un tribunal disciplinario para los integrantes del Poder Judicial que no garantice el debido proceso y su independencia, así como la incorporación de los llamados jueces sin rostro, para asuntos del crimen organizado, porque también es importante el derecho de defensa, saber quién está juzgando a una persona y si lo hace con imparcialidad.