En esta administración, la Secretaría de la Contraloría General impuso 774 sanciones económicas por 4 mil 524 millones 326 mil 288.84 pesos en acciones de combate a la corrupción, en las que emitió, además, 5 mil 959 resoluciones sancionatorias a 3 mil 822 servidores públicos, entre amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones y destituciones.

Al comparecer ante el Congreso local por la glosa del Informe de gobierno, el titular de la dependencia, Juan José Serrano Mendoza, hizo alusión a los delitos del orden inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, donde logramos combatir la inefable fórmula binaria de la corrupción, armada por el gobierno y la iniciativa privada y se inhibieron dichas prácticas con sanciones a personas físicas y morales que transgredieron la normatividad y ocasionaron un daño a la sociedad y al erario.

El funcionario rechazó que la dependencia concentrara sus funciones de control, auditoría e investigación en las alcaldías gobernadas por la oposición, pero dijo que en algunas hubo resistencia, con algunas avanzamos en temas de prevención, con otras no.

Agregó que la Contraloría actuó con base en elementos probatorios, resultado de investigaciones serias, con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de las y los involucrados o presuntos responsables.

En su exposición, refirió que por medio de los órganos de control interno de las demarcaciones, del 1º de enero de 2019 al 31 de julio de este año se impusieron 2 mil 973 sanciones a mil 882 personas con 126 apercibimientos, 887 amonestaciones, 762 suspensiones, 17 destituciones, 615 inhabilitaciones y 566 sanciones económicas por mil 163 millones 851 mil pesos.

En el caso de las contralorías internas en dependencias, entidades y órganos desconcentrados se aplicaron 2 mil 334 sanciones a mil 551 servidores públicos; en 30 casos, con apercibimiento, mil 77 con amonestación, 778 con suspensión, 303 con inhabilitación y 10 con inhabilitación, así como 126 sanciones económicas por 789 millones 159 mil 178.31 pesos.

Mediante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas se resolvieron 652 sanciones a 389 funcionarios, 108 amonestaciones, 270 suspensiones, hubo 82 destituciones, 110 inhabilitaciones y 82 sanciones económicas por 2 mil 572 millones 103 mil 259.29 pesos.

Serrano adelantó que por el proceso de transición dejará un documento de apoyo a quien sea designado para el cargo en la próxima administración, con una guía de inteligencia institucional. Este informe permitirá mostrar a la nueva o nuevo contralor, con base en datos duros, las áreas y trámites en los que observamos que pudiera existir mayor incidencia de conductas que se traduzcan en posibles daños a la hacienda pública.