En diferentes regiones indígenas del país se vive una grave situación de violencia y crisis humanitaria, alertaron la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Serapaz y el Grupo Indigenous Peoples Rights International, entre otras organizaciones, y denunciaron la omisiónsistemática de las fuerzas arma-das para coordinarse con las comu-nidades que piden su presencia.

Expusieron que muestra de ello es que actualmente atienden a alrededor de 110 indígenas desplazados en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Y en Chiapas, en lo que va de 2024, en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo se han registrado 8 mil 190 desplazados, entre quienes se encuentran un número indeterminado de indígenas.

Demandaron al gobierno federal otorgarles medidas preventivas y construir corredores humanitarios que garanticen la salida de personas cautivas por los grupos de la delincuencia organizada, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.

Igualmente, demandaron poner en marcha rutas para el desarme de grupos armados, así como articular esfuerzos con las fiscalías estatales para que investiguen con debida diligencia los hechos delictivos y consigan avances en las investigaciones que garanticen el acceso a la justicia.

En un comunicado dirigido al gobierno y la sociedad, las organizaciones aseveraron que, aunado a los desplazamientos, han documentado homicidios en las comunidades de Cinco Llagas, Chihuahua; en Chenalhó, Chiapas, y en El Coire, en la costa michoacana.

Asimismo, dieron cuenta de las dificultades que atraviesan para documentar lo que sucede, ya que en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio; quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte.

Aun así, han logrado hacer pública la falta de acceso a la alimentación básica y la incertidumbre en la que se encuentran las personas afectadas, que en su mayoría son mujeres, niñas y niños.