Por decisión unánime, en sesión privada los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron no instalar una mesa de transición para la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pero que cada una de las determinaciones que se tomen al respecto se aprueben en el pleno, y también que continúen operando las dos salas que integran el máximo tribunal del país, revelaron ministros.

Durante el encuentro a puerta cerrada que duró más de dos horas, en el que los ministros discutieron de inicio la propuesta de su homóloga Lenia Batres Guadarrama de instalar una mesa de transición para avanzar de manera ordenada en la aplicación de la recién aprobada modificación constitucional, determinaron que el pleno debe conocer de cada una de las situaciones y aprobar la decisión que se asuma.

En su cuenta de X, Lenia Batres publicó: En relación con la creación de una comisión de transición dirigida a coadyuvar en la implementación de la reforma constitucional, que presenté al pleno de la SCJN la semana pasada, hoy me sumé a la opinión unánime de que todas las acciones dirigidas a la aplicación de tal reforma competencia del pleno sean asumidas por el propio pleno.

Ante la opinión de sus pares, Batres Guadarrama aceptó retirar su propuesta de mesa de transición.

Otro punto que se discutió en la sesión privada fue lo referente al trabajo que realizan las dos salas que integran la SCJN, en las que se desahoga la mayor parte de asuntos del máximo tribunal, para que así únicamente los expedientes más complicados que requieren de mayor análisis se atiendan en el pleno, se mantengan funcionando.

Al retornar los trabajos cotidianos del pleno de la Corte, el máximo tribunal del país tuvo una seión que sólo duró cuatro minutos, además de aprobar el acta de sesión del pasado día 2, luego de que tuvo un receso en sus labores debido a la declaratoria de apoyo a los trabajadores del PJF que se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial.

El único tema que se puso a consideración de los ministros fue el proyecto de sentencia presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, relacionado con la acción de inconstitucionalidad 201/2023, promovida por diputados del Congreso de Tamaulipas, demandando la invalidez del decreto 65-626, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas y varias normas de dicho estado, publicado en el periódico oficial de esa entidad el 23 de agosto de 2023.

Ortiz Ahlf propone reconocer la validez del decreto, pero se han promovido diversas acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a ciertas normas relacionadas con la organización y funcionamiento del Congreso de Tamaulipas, y retiró su proyecto hasta que se resuelva una que se encuentra en análisis por parte del ministro Luis María Aguilar Morales. Así concluyó la sesión.