Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, presentó ayer un plan para la regeneración democrática en el que busca regular los medios de comunicación, luchar contra los bulos y las noticias falsas y modificar el Código Penal para reformar una serie de delitos vigentes desde la época franquista, como la ofensa a los sentimientos religiosos y a la corona.

El proyecto deberá ser validado en el Congreso de los Diputados, donde la coalición del gobierno –Partido Socialista Obrero Español y Sumar– no tienen los apoyos necesarios. La oposición, liderada por el derechista Partido Popular, tildó la medida de plan de degeneración.

En abril, cuando medios de comunicación publicaron noticias relativas la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a quien acusaban de tráfico de influencias, entre otras cosas, el mandatario anunció que se tomaría unos días de reflexión para decidir si valía la pena seguir al frente de su carga ante la máquina del fango y las campañas de intoxicación contra él y sus allegados.

Finalmente decidió continuar y el día que anunció su decisión también advirtió que presentaría un plan de regeneración democrática para preservarla de los ataques que intentan destruirla.

Cinco meses después, presentó el plan, que de momento tiene ideas generales y está a la espera de definir las medidas concretas en las negociaciones parlamentarias para conseguir la mayoría, sobre todo porque los distintos grupos parlamentarios tienen exigencias y pareceres diversos, en algunos casos antagónicos.

Uno de los principales objetivos es exigir más transparencia a los medios de comunicación, con lo que deberán informar de forma pormenorizada tanto de la identidad de los dueños de las empresas editoras como de los orígenes de sus fuentes de financiación. Sobre todo si reciben dinero público, ya sea del gobierno central, de los comunidades autónomas o de los ayuntamientos o cualquier tipo de organismo público.

El órgano encargado de supervisarlos será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En paralelo, el gobierno español pretende reformar la Ley de Publicidad Institucional para acotar aún más la forma de asignar recursos públicos por parte de las instituciones públicos, en el afán de darle más transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

Desde la oposición, que lidera el Partido Popular, respaldado por el ultraderechista Vox, se atacó la iniciativa, tildada de plan de degeneración y alertaron de que sea ahora el gobierno el que tenga la facultad de decidir quién es y quién no es periodista o medio informativo.