Pese a denuncias contra jueces que cobran de 200 mil hasta un millón de pesos o aceptan regalos costosos por el cambio de resultado del juicio o de medida cautelar, el Poder Judicial de la Ciudad de México no ha aplicado sanciones severas ni destituido a ninguno.

De acuerdo con una respuesta vía transparencia, en los últimos 11 años sancionó administrativamente a 32 y sólo en dos casos aplicó una inhabilitación de 10 y un año, respectivamente; el resto recibió una amonestación, un apercibimiento o una multa, siendo la más alta de 15 días de salario.

No se tiene antecedente alguno respecto de la destitución de un juez o magistrado, ni antecedentes respecto de la interposición de algún recurso para impugnar las sanciones, las cuales han quedado firmes; tampoco denuncias de actos de corrupción, indicó.

Las redes de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, afirmaron abogados, quienes solicitaron reservar su identidad, han llevado a que las denuncias contra los encargados de impartir justicia no prosperen y los justiciables luchen contra el cártel del Poder Judicial.

Señalaron que la protección de los más altos funcionarios del Poder Judicial hacia los jueces ha permitido que se cobren entre 200 mil y 600 mil pesos por el cambio de resultado o medida cautelar.

Ligas con despachos

Hay impartidores de justicia, añadieron, que están relacionados con despachos que representan a agresores sexuales y a gente muy influyente, y están abiertos a orientar sus fallos.

Como ejemplo del actuar de estos jueces está el caso de una mujer víctima de violación equiparada agravada, cometida presuntamente por dos jóvenes, cuya defensa solicitó la recusación de ambos el año pasado, luego de que un impartidor de justicia aseguró que no los iba a vincular a proceso.

En la actualidad se resuelve un amparo para continuar con el proceso, expresaron.

También refirieron que un juez fue acusado en 2017 de abuso sexual por una de sus alumnas, quien le otorgó el perdón y sólo recibió una suspensión de cuatro meses y 20 días por el Consejo de la Judicatura local.

Los declarantes aseguraron que tienen ejemplos de la existencia de jueces y magistrados corruptos que se aprovechan de que la ley da muchas posibilidades de defensa mediante la interposición de apelaciones o promociones que alargan los juicios a favor de una de las partes.

Otro caso es el de una jueza, encargada de asuntos relacionados con secuestros en el Reclusorio Norte, a quien se le conoce por cobrar entre 300 mil y un millón de pesos por orientar el fallo del juicio o liberar a los imputados, como sucedió con los dos presuntos participantes en la desaparición de Jael Montserrat Uribe Palmeros, en julio de 2020.

Mucho dinero en juego

Comentaron que gran parte de estos casos se registran en sucesiones testamentarias, juicios de fraude, divorcios y asuntos mercantiles, donde están en juego importantes cantidades de dinero, pero la mayoría de los casos no salen a la luz.

Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quienes solicitaron también el anonimato, mencionaron que los acuerdos en corto han permitido que togados cambien de manera vertiginosa su modo de vida, y lo demuestran los autos que conducen, las casas que tienen y la ropa que visten.

Consideraron que no es posible que aun cuando reciben salarios mensuales de 90 mil a 120 mil pesos, puedan darse esos lujos y acumular riqueza en arte y joyas.

Los trabajadores señalaron que otro impartidor de justicia ha sido denunciado por abuso de autoridad y tráfico de influencias. Se le conoce por acumular obras de arte y conducir automóviles de la marca Ferrari, por lo que le llaman Lord Ferrari.

Mencionaron que dichos regalos presuntamente fueron adquiridos tras llevar el caso de la Cooperativa Cruz Azul, por dar un trato favorable en los 18 juicios que la organización tenía en su contra en el ámbito local, pero de eso no hay ninguna investigación.