Martes 17 de septiembre de 2024, p. 26
Bogotá. La Comisión Nacional Electoral (CNE) de Colombia aplazó ayer hasta el próximo día 30 la decisión de abrir o no una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, por la posible violación de topes de financiamiento en las elecciones que lo llevaron al Poder Ejecutivo, en 2022.
La autoridad electoral explicó, en un comunicado, que aceptó la solicitud de una magistrada para estudiar a profundidad el caso sobre la campaña presidencial y también pidieron hacer ajustes a una recusación (reclamación para impedir que los magistrados conozcan del caso por posibles impedimentos), que según el organismo no estaba hecha correctamente. La siguiente discusión será el día 30, cuando el CNE tome una decisión
.
La comisión se conforma por 10 magistrados, que se eligen en el Congreso, en representación de partidos políticos, de los cuales, al menos dos de los jueces son del instituto político del presidente. Para abrir la investigación o archivar el caso es necesario que seis de ellos voten en el mismo sentido.
La eventual indagatoria generó un debate político y jurídico en el país sobre si la comisión es competente para abrir una investigación que también involucre a Petro, pese a que por ser presidente cuenta con fuero especial por el que sólo debería tratarlo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El Consejo de Estado definió que el fuero del presidente no excluye que pueda ser investigado por otro órgano como el Consejo, que sólo puede imponer sanciones monetarias, pero aclaró que le corresponde al Congreso investigar y, en tal caso, hacer un juicio político.
Defienden fuero
El abogado del presidente, Héctor Carvajal, señaló ayer a Blu Radio que ya interpuso un recurso ante el Consejo de Estado para que corrija su decisión y aclare que el fuero del presidente es integral, por lo que no podría ser investigado por el Consejo. La posible indagatoria tendría alcances administrativos y, de comprobarse las irregularidades, se impondrían multas contra quienes administraron la campaña electoral como el gerente, el auditor o el tesorero.