Integrantes de la Red Nacional de Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (Camias) solicitaron a la próxima administración federal que los 35 espacios existentes en el país, que brindan prevención y atención a la violencia de género, salud sexual y reproductiva, así como en partería tradicional, entre otros aspectos, se conviertan en un programa con presupuesto etiquetado.

Asimismo, precisaron que, a pocos días de que acabe el sexenio, desconocen en qué circunstancia quedarán las Camias, que tienen más de 21 años en funciones.

Diversas voces de las Cami (Rubí Nolasco Cruz, fundadora de Yoltika, Puebla; Valeriana Nicolás Benito, coordinadora de Manos Unidas de Ometepec, Guerrero; María Luz Figueroa Ramón, de Nääxwiin de Matías Romero, Oaxaca, y María Angélica Rodríguez, de Cuetzalan, Puebla) coincidieron en que estos espacios no cuentan con recursos suficientes para realizar su labor a favor de las indígenas y afromexicanas.

En entrevista con La Jornada, en el contexto de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, detallaron que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) proporciona a cada Cami recursos que van de 700 y 850 mil pesos y hasta un millón de pesos al año.

Aunque se escucha mucho, es poco, porque esos espacios dan a atención a mujeres de seis o hasta 10 municipios. Con el recurso se pagan becas, servicio de mantenimiento, acompañamientos, talleres, procesos formativos en comunidades y dentro de las Camias.

El INPI nos da presupuesto, pero cada año tenemos que concursar con un proyecto. No es un presupuesto etiquetado ni progresivo; en mi caso, desde 2013 es el mismo, y cada vez son más acciones y es más demanda, y desafortunadamente la violencia se está agudizando por diferentes factores. Eso es preocupante, y a estas alturas no tenemos certeza de cómo quedan las Camias, comentó Nolasco Cruz.