El gobierno federal exhibió ayer a 33 jueces y magistrados que en los dos últimos años han liberado a presuntos delincuentes en fines de semana, han negado órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) o han retrasado la justicia.

Son “solamente algunos de los casos representativos de la falta de justicia, casos que hacen justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de condenas que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia”, indicó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al presentar un informe en la habitual rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria dio a conocer que, por la indolencia de los jueces, hay 24 mil personas en procesos penales sin sentencia y que 999 de ellas llevan más de 15 años esperando su juicio. Además, en el sistema acusatorio hay 4 mil 520 procesados que llevan más de un año sin sentencia, lo que incumple el artículo 20 constitucional, sostuvo.

Bloqueo a obras prioritarias

El informe añade que la dilación de los jueces en la emisión de sentencias es una conducta parcial e injusta que se repite con toda claridad en las obras prioritarias del gobierno federal, específicamente en el manejo de las suspensiones en los amparos admitidos en cerca de 500 casos, por lo que en este sentido, para el gobierno federal, los retrasos en la conclusión de los juicios son acciones de evidente obstaculización y abuso por parte de las autoridades judiciales frente a temas prioritarios para el desarrollo del país.

Entre los juzgadores exhibidos por la secretaria Rodríguez está el juez quinto de distrito de procesos penales federales del estado de México, quien en enero negó una orden de aprehensión solicitada 24 horas antes por la FGR contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Otro es el juez de Tlalnepantla Manuel Alejandro Martínez Vitela, que el 15 de febrero absolvió de cualquier culpa a Alejandro N, acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años de edad. Hay que recordar este caso para la población, que sepa qué clase de jueces tenemos que no tienen, a veces, consideración de las víctimas, dijo Rosa Icela Rodríguez al referirse a Martínez Vitela, quien está sujeto a un procedimiento de responsabilidad ante la contraloría interna y cuya resolución fue revocada en mayo por magistradas del segundo tribunal de alzada de Tlalnepantla.

Mencionó a los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito de la Ciudad de México, quienes concedieron a principios del año el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam dentro del proceso penal que se inició en su contra por delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

También el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro, quien otorgó en febrero pasado el beneficio de prisión domiciliaria al ex director de Pemex Emilio Lozoya, que enfrenta en libertad sus dos procesos penales por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la lista también aparece la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, de Quintana Roo, quien concedió hace un mes el beneficio de prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla Mario Marín en el proceso que enfrenta por tortura y protección a redes de trata infantil.