La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló en un evento organizado en paralelo a las sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la reforma al Judicial es regresiva sobre las condiciones de vida, los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales de los juzgadores y la única finalidad es concentrar los tres poderes de la Unión en una persona.

En un acto paralelo realizado en Ginebra y organizado por la ONU, un grupo de integrantes de la Judicatura Federal solicitó la intervención de organizaciones internacionales como la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se decreten medidas cautelares que impidan la aprobación de esta propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información oficial, en la reunión con la ONU que se realizó ayer, la jueza Abigail Ocampo Álvarez, directora nacional de Atención a Juzgados Especializados de la Jufed, denunció que la reforma tiene múltiples afectaciones y violaciones de corte regresivo, entre las cuales destacan daños a la independencia judicial, pues la elección popular de jueces, sostuvo, puede aumentar el riesgo de que los juzgadores busquen complacer a quienes los propusieron, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos al crimen organizado o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad.

Ansiedad y aflicción

Indicó que desde 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus mañaneras, así como en redes sociales, realiza atentados mediáticos, denostaciones, intimidaciones directas e insinuación de licitud de las resoluciones emitidas por los jueces, lo cual se traduce en tratos humillantes. También se altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional, pues estos ataques tienden a un desequilibrio laboral que incide en la toma de decisiones de las resoluciones y a la sana operación del propio Poder Judicial en los términos que los titulares deben de operar como defensores de derechos básicos de las usuarias de la administración de justicia, en el factor de independencia judicial.