mbos presidentes tienen importantes similitudes en su trayectoria política e ideales.

Fueron persistentes en lograr el objetivo de ser elegidos.

López Obrador, en tres oportunidades; Allende, en cuatro.

A ambos sus partidarios los bautizaron con otros nombres, El Chicho es Salvador Allende, AMLO es Andrés Manuel López Obrador.

Cien por ciento demócratas, firmes promotores de la justicia social y dar atención al pueblo, siempre han sido sus prioridades.

Representantes de la izquierda, con grandes capacidades para sumar voluntades y unidad.

Toda una vida en la lucha social y política.

Comparten esa dignidad y el compromiso con sus naciones, poniendo siempre el interés de sus pueblos sobre el provecho personal.

Los dos han dejado un histórico legado.

El golpe de Estado en Chile, encabezado por el general Pinochet, cayó en martes, hace 51 años, en 1973.

Su memoria y conmemoración conmueve como el primer día.

Fueron 17 años de dictadura, todos difíciles, peligrosos, con la muerte sobre los chilenos, especialmente con los partidarios de Allende y su Unidad Popular.

Casas de tortura, campos de concentración, desapariciones forzadas, ejecuciones, exilio.

En 1990 Chile inició el proceso de retorno a la democracia.

Este 11 de septiembre en los Estados Unidos Mexicanos, sin duda que Salvador Allende apoyaría al presidente de México, en su esfuerzo titánico que implica la reforma a la justicia.

Allende tuvo un Congreso con mayoría opositora a su gobierno; a ello se sumó el Poder Judicial.

La Corte Suprema se opuso con persistencia a las aplicaciones de leyes, decretos y resoluciones del gobierno de Salvador Allende, luego durante la dictadura fue un servicio del general Pinochet; los ministros de Corte declararon una y otra vez, inamisibles los recursos de habeas corpus solicitando amparo y protección frente a las detenciones ilegales por parte de agentes del Estado, cientos de recursos fueron rechazados.

La Corte Suprema en Chile dejó de ser un poder del Estado, pasó a ser un instrumento de intereses espurios, criminales e ilegales, antes y después del 11 de septiembre de 1973.

En 1996 Chile emprendió un profundo proceso de reforma de la justicia. Dato curioso: no fue parte del programa de gobierno del presidente Frei; este objetivo se instaló al poco andar en su administración. Los ciudadanos demandaban una mejor, fácil , transparente, oportuna y expedita justicia.

Se implementaron reformas constitucionales para terminar con privilegios, heredados de la dictadura de Pinochet, entre otros, los ministros permanecían en sus cargos de por vida, eran vitalicios.

Se logró establecer como edad de jubilación 75 años. Ello permitió elegir un número importante de nuevos integrantes de la Corte Suprema y remover a ministros de confianza designados por Pinochet.

Ningún ministro o juez en Chile ha sido investigado o condenado penalmente por su responsabilidad en la denegación de justicia en tiempos de la dictadura.

En el proceso de reforma a la justicia chilena también se modificó el procedimiento de designación de los ministros de la Corte Suprema, el sistema vigente establecía que ésta enviaba al presidente de la República una quina –cinco nombres de candidatos– y el mandatario elegía dentro de esa quina; si no le parecía ninguno de los propuestos, el proceso se repetía.

Se reformó el sistema de designación de los ministros incorporando al Poder Legislativo, a través del Senado que debe aprobar la propuesta enviada por el presidente de la República, muy parecido al que rige en México.

Hoy el sistema de designación de ministros de la Corte Suprema en Chile, sufre severas y graves turbulencias, una crisis de tráfico de influencias, corrupción y lavados de activos, a raíz del caso audios, grabación de una plática de un importante abogado, que puso en jaque con miles de WhatsApp de su celular, al sistema de justicia, a políticos y a personas influyentes, hasta el momento de derecha.

En derecho comparado existen diversos sistemas de designación de jueces, magistrados y ministros de cortes; ninguno es infalible a fallas, ataques y presiones.

Existe, por cierto, el de la elección popular de magistrados, jueces y funcionarios relevantes.

El diagnóstico del presidente López Obrador sobre la administración de justicia en la República, diría el presidente Allende, es acertado y la reforma necesaria.

* Nieto de la diputada Laura Allende, hermana del presidente Allende