Nicaragua revocó ayer la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de ex detenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza. La medida fue anunciada por el Poder Judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según el organismo mundial. Un tribunal de Managua ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense y dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, según un comunicado. En la imagen, uno de los excarcelados al llegar a la base aérea en la capital guatemalteca.