La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dictó medidas cautelares a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por violencia política en razón de género contra la ex candidata de Morena Catalina Monreal.

De acuerdo con la resolución, la fiscalía ordenó a Rojo de la Vega no realizar conductas de intimidación hacia la morenista, retirar de sus redes sociales las publicaciones en las que ejerce violencia política en razón de género y evitar hacerlo en lo sucesivo.

En conferencia de prensa, la ex candidata morenista a la alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer el documento, tras recordar que, además de las quejas presentadas ante los organismos electorales, ingresó denuncias penales ante la Fepade.

Detalló que fue canalizada con una sicóloga, quien determinó que presentaba afectaciones por las agresiones, por lo que resolvió que debía acudir a una serie de terapias y emitió medidas de reparación del daño que debe cumplir la alcaldesa electa.

Ahí está en la carpeta de la fiscalía; fue un estudio clínico de la sicóloga especializada en la materia que me hizo todas las pruebas y que señaló que había una afectación en el proyecto de vida y que había varios temas que yo tenía que ir al sicólogo a seguir trabajando a consecuencia de las violencias y la agresión que ejerció esta mujer en mi contra, expuso.

Catalina Monreal refirió que por medio de redes sociales, durante el proceso electoral recibió insultos y ataques, que continúan, por lo que la Fepade emitió las medidas cautelares para que deje de violentarme, porque me sigue revictimizando.

Dijo que ha sido una lucha difícil y larga, pero continuará trabajando para evitar que alguna mujer sea víctima de violencia política en razón de género, tras señalar que la Fepade también determinó que las publicaciones en redes sociales que violenten los derechos políticos no están amparadas en la libertad de expresión.

La Fepade señaló que en virtud de que la fase impugnativa del proceso electoral sigue vigente, las conductas desplegadas por la investigada en diversas redes sociales deben cesar para mitigar el daño que se pudiera seguir ocasionando a la víctima.