En el último tramo del proceso de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral (INE) de casos relacionados con el 2 de junio, la consejera Carla Humphrey, quien a partir de ayer es la presidenta de la comisión respectiva, subrayó que el INE no anula elecciones.

Esta autoridad no anula elecciones, no es su competencia. Eso lo hace, en su caso, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó en medio de una discusión sobre el asunto de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México que reactivó el debate en el INE sobre los criterios para imponer multas y, como en este asunto capitalino, declarar la existencia de rebase al tope de gasto de campaña.

Como preámbulo a lo que sería una serie de criterios resueltos con votaciones divididas, Humphrey señaló que no le quedaba clara la manera en que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) llegó a las sumatorias y conclusiones para declarar el rebase de 6.7 por ciento del candidato Javier López Casarín, de los partidos Morena, Verde y del Trabajo. Al final se ajustó el rebase a 5.8 por ciento.

Mientras su compañero Uuc-kib Espadas pedía a sus colegas no ser tolerantes ante la falta de recato en el gasto y mucho menos maquillar cifras de sanciones, la consejera aclaró que su crítica no era hacia las irregularidades documentadas, sino a evaluar el método de fiscalización, a investigar más a fondo, especialmente cuando se trata de materiales difundidos en redes sociales y de distintos administradores de páginas involucrados, además de definir criterios para fijar los costos de los productos y servicios no declarados por los contendientes.

Ya sabemos que no reportaron determinadas cosas. Lo que queremos saber es a cuánto asciende ese monto. Así de claras son mis dudas respecto de este dictamen. Por eso digo: no estemos en el debate hacia qué vamos a anular o no, eso lo va a determinar la sala superior, no nosotros, recalcó.

En la sesión del pasado jueves fueron resueltos además 39 procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, es decir, investigaciones propias de la UTF, al detectar presuntas irregularidades y omisiones de los contendientes en elecciones federales y locales.

Todos los partidos fueron sancionados en distintas magnitudes, aunque no significativas en comparación con los recursos públicos recibidos; las más altas en este bloque no rebasan el medio millón de pesos. Salvo la alcaldía Álvaro Obregón, en ningún otro caso se declaró rebase al tope de gastos, como en la alcaldía Cuauhtémoc; una diputación y la presidencia municipal de Tlalnepantla, estado de México, y Guadalajara, Jalisco, por mencionar algunos resolutivos.

Aparte, el INE informó que derivado de todos los procesos administrativos, este año las multas suman 93.7 millones de pesos, un porcentaje ínfimo si se considera que sólo para las elecciones federales se otorgaron 3 mil 304 millones de pesos para gastos de campaña.