l gobierno federal detuvo a Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, uno de los líderes regionales del cártel Guerrero Unidos en Iguala en septiembre de 2014, quien es considerado entre los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

López Astudillo fue detenido por primera vez ese mismo año, pero en diciembre de 2019 un juez federal lo liberó porque presuntamente fue víctima de tortura por parte de las autoridades del peñato, cómplices en el operativo de encubrimiento de lo ocurrido en Iguala hace casi una década y autoras de la verdad histórica, la trama de mentiras con que se quiso dar carpetazo al crimen de Estado.

Tras tantos años de los hechos es casi imposible establecer si El Cabo Gil padeció los abusos que alegan sus abogados o si la denuncia de violaciones al debido proceso fue una argucia para lograr la liberación de este personaje clave en el caso Ayotzinapa: tan creíble es que el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, u otros altos funcionarios ordenasen la tortura para obtener declaraciones a modo; como que un miembro del Poder Judicial se prestara a regalar (o vender) impunidad a un individuo acusado de delitos graves.

A punto de que se cumpla el décimo aniversario del ataque que provocó nueve heridos (cinco de ellos, normalistas), 17 heridos y los consabidos 43 desaparecidos, y de que expire un sexenio más sin que los familiares y el entorno de los jóvenes puedan conocer el paradero de sus seres queridos, la reaprehensión de López Astudillo supone una tenue esperanza de avanzar en unas indagatorias que se han estancado por factores como la fuga de Zerón, la erosión de las evidencias con el paso del tiempo, el operativo de ocultamiento que tuvo lugar desde las más altas esferas del gobierno de Enrique Peña Nieto y el indignante papel jugado por el Poder Judicial.

Debe recordarse que sólo el juez tercero de distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió a José Luis Abarca y dictó más de un centenar de libertades absolutorias en favor de acusados sin que el Consejo de la Judicatura Federal tomara acción alguna ante la sistemática impunidad otorgada en un asunto tan delicado y de tan profundas repercusiones sociales.

Esta falta de resultados ha llevado a los padres de Ayotzinapa a una comprensible exasperación y a la pérdida de confianza de un sector de ellos en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su palabra de dar con el paradero de los estudiantes. El propio mandatario ha reconocido la existencia de muchos intereses que ya no quieren que se encuentre a los jóvenes, pero reafirmó su compromiso de seguir trabajando en el esclarecimiento y expresó su fe en que todavía pueda hacerse algo para resolver el caso.

Sea a través del testimonio de López Astudillo o de otras fuentes de información, y sea en las semanas que le quedan a la administración saliente o durante el próximo sexenio, lo cierto es que el Estado mexicano tiene la ineludible obligación de localizar a los normalistas y de llevar ante la justicia a todos los implicados en el episodio más emblemático de violación a los derechos humanos en el país en lo que va de siglo.

Mientras persista la condición de desaparecidos de los jóvenes, Ayotzinapa será una herida abierta no sólo entre sus familiares y quienes los han acompañado, sino en toda la sociedad mexicana.