e tiempo atrás se conoció que Norma Piña ocupó el último lugar en desempeño en la terna propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para suceder en el cargo a la ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN). Lo intentó dos veces, hasta que en 2015, por medio de un oscuro acuerdo entre PRI y PAN para imponerla, fue seleccionada para ocupar tal posición. Más adelante (2023) quiso ser presidenta del máximo tribunal del país (de pasadita del Consejo de la Judicatura Federal) y a duras penas lo logró luego de tres rondas de votación, de tal suerte que no llegó por capacidad, sino por influencia, práctica por demás usual en la nepotista mafia del Poder Judicial.

Con esos antecedentes, y a lo largo de los años, no solo ha demostrado fehacientemente que es una pésima ministra y presidenta de la SCJN, sino una operadora política de ínfima calidad y baja ralea, que caprichosa e inconstitucionalmente la ha llevado a históricos niveles de enfrentamiento con los otros dos poderes del Estado y a mostrar el cobre en incontables ocasiones. Con alegría se mete en el fango para después, atorada y exhibida, recurrir a terceros para que le saquen las castañas del fuego.

Zancadilla tras zancadilla a las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, la ministra Piña terminó por ahogarse con su propia deposición, y ahora, tras actuar de forma inconstitucional en contra de la reforma al Poder Judicial, se saca de la manga dos consultas para que la SCJN “analice si está en sus facultades dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo y se otorguen garantías a los trabajadores del Poder Judicial que se verían afectados –lo cual es falso– por la reforma” ( La Jornada, Gustavo Castillo y César Arellano), que ya superó la aduana en San Lázaro y va por la del Senado de la República.

Transcurridos siete meses desde que en el Legislativo oficialmente se presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial y fue difundido su contenido y alcance, apenas la ministra que ocupó el último lugar en desempeño parece haber registrado este asunto prioritario, y sólo por medio de una solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), otro de los organismos amigos que no se han cansado de meter palos en las ruedas para que la citada reforma no avance.

Pues bien, la tal Jufed, siete meses después de conocer contenido y alcance de la citada reforma constitucional, solicita a la siempre expedita ministra que se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer y analice la facultad de decretar, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento, hasta en tanto el pleno de la SCJN se pronuncie de fondo (lo que podría suceder de aquí a la eternidad). Claro, todo con el fin de vestir de seda a la mona, porque en los hechos ya varios jueces adelantados y muy cercanos a Piña, a Claudio X y a la marea rosa actuaron ilegalmente al otorgar amparos, por aquí y allá, para intentar frenar la multicitada reforma, amén de envenenar el ambiente mediante el asqueroso chantaje de que los trabajadores del Poder Judicial se verán gravemente afectados si el Legislativo la aprueba.

Ahí está el caso de la titular del juzgado quinto de distrito en Morelos, Martha Magaña López, una de las tantas hijas del nepotismo en el Poder Judicial, quien fue la primera en otorgar amparos para, ilegalmente, intentar frenar la discusión de la reforma constitucional, y ahora, para amarrar, según ella, concedió la suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados (lo que ya sucedió), y pretende continuar con el proceso para determinar si concede el amparo a cuatro jueces federales para que, en caso de que la legislación sea avalada, a ellos no les afecte. Entre hampones se defienden.

Eso sí, más rápidos que una saeta, los magistrados del tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa, con sede en Cuernavaca, desecharon por unanimidad el recurso de queja que promovió un particular para impugnar la suspensión provisional que la jueza Magaña López otorgó a fin de que el proyecto de reforma al PJF no se discutiera ni aprobara en la Cámara de Diputados. No dieron mayores motivos ni divulgaron la versión pública del expediente.

Norma Piña, pues, no sólo es la de peor desempeño, sino una vergüenza para el país.

Las rebanadas del pastel

El vahído de la oligarquía deja en claro que está a punto de perder una de sus minas de oro, aquella que, con toga, le ha legalizado todos los atracos a la nación.

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