n grupo de congresistas de Estados Unidos insistió en intervenir en los asuntos internos de México mediante una solicitud a la Oficina de Representación Comercial de su país. Con el pretexto de un supuesto conflicto de las iniciativas de modificaciones constitucionales con el tratado comercial trilateral de América del Norte, legisladores de ambos partidos piden que la Casa Blanca presione a Palacio Nacional a fin de que la reforma al Poder Judicial y otras que se discuten en el Congreso de la Unión se adapten al gusto y los intereses de los grandes capitales estadunidenses.
Los representantes se dicen preocupados por el acceso de los inversionistas estadunidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial
, la creación de un entorno desafiante para las empresas relevantes que buscan operar bajo las reglas del T-MEC
, y expresan inquietudes particulares en torno a las restricciones a la importación de maíz transgénico, la prohibición del fracking, su capacidad para apoderarse del litio mexicano, el sector eléctrico y la extinción de los organismos reguladores mal llamados autónomos.
Además de las mentiras, las distorsiones y el descarado injerencismo que recorre de principio a fin la queja de los congresistas, la enumeración de sus desasosiegos delata sus verdaderas exigencias y la agenda que esconden tras los falsos lamentos por el estado de derecho: desean preservar una judicatura que ha sido su quinta columna para saquear a México y despojarlo de cualquier mecanismo de defensa ante la voracidad de las corporaciones trasnacionales, así como prolongar la vigencia del orden jurídico neoliberal cuya culminación fueron las lesivas contrarreformas aprobadas por la derecha del PAN, el PRI y el extinto PRD. En este afán, poco les importa destruir la democracia mexicana ni pisotear la voluntad popular expresada de manera contundente en las urnas en 2018 y refrendada de modo incluso más irrebatible este año, cuando 36 millones de ciudadanos votaron por una candidata presidencial que les prometió concretar las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante estos groseros embates contra la soberanía nacional, resaltan la claridad y la pertinencia de la misiva enviada a The Washington Post por Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, próximos secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía. En respuesta a un editorial impresentable de dicho rotativo, los futuros funcionarios señalaron la falta de legitimidad de Estados Unidos para criticar la reforma judicial mexicana y rechazaron la pretensión del diario –cuyo dueño es Jeff Bezos, la segunda persona más adinerada del mundo– de justificar las interferencias con el interés hemisférico que revisten los asuntos internos de México.
Destacaron también la hipocresía de la clase política, los millonarios y los medios estadunidenses que se escandalizan con la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, siendo que en ese país se trata de una práctica común en la mayoría de las jurisdicciones. Cabría agregar que si hay decisiones que afectan al planeta entero son las tomadas en Washington, pero este hecho no lleva a sus políticos a escuchar las voces de la comunidad internacional. Por el contrario, esta misma semana censuraron y criminalizaron de manera arbitraria a medios de comunicación rusos con el risible argumento de proteger su contienda presidencial de injerencias externas.En suma, con cada nueva embestida los opositores al saneamiento del Poder Judicial mexicano demuestran que sus posturas no guardan relación alguna con la defensa de la justicia o de la democracia, sino con el deseo de perpetuar una institucionalidad diseñada para la concentración de la riqueza y la impunidad corporativa, así como con la persistencia de una mentalidad colonialista que no tiene lugar en las relaciones entre Estados soberanos.
