a reforma judicial afecta a jueces y magistrados (j y m
) como si estos fueran interlocutores directos de legisladores y políticos con quienes se hubieran negado a las peticiones de cambios judiciales en resoluciones y logística. Por eso, se dice, ahora pagan un costo político
. El reclamo de políticos, tan oportuno en un cambio de administración para la visibilidad política, es haber obstaculizado las reformas a leyes importantes, aunque fuera por indebido proceso legislativo. Se toman como sentencias reprochables bajo el argumento de que los millones de votantes les han dado a los electos por el sufragio prácticamente carta abierta para modificar cuanta disposición legal sea necesaria para continuar con la transformación
. Peculiar apelativo hecho por políticos de muchas décadas, varios con participación directa en las administraciones de los hoy casi extintos partidos.
En las urnas sólo se votó por una persona para un cargo específico. Las boletas electorales no contenían la opción votable de que se interviniera el poder judicial para configurar un Estado diferente. Además, la candidata ganadora prometió la continuidad de la casi finalizada administración señera y desde el inicio del actual sexenio se actuó bajo un esquema de selección de juzgadores por concursos de oposición; muchos organizados por el exministro, hoy punta de lanza en la reforma judicial.
El reclamo a j y m
de obstruir las reformas es parcial: las resoluciones definitorias se dieron en la Suprema Corte de Justicia; las jurisprudencias que marcan el camino conceptual de tales resoluciones, sobre todo en los amparos contra leyes, devienen de la misma Suprema Corte. Los interlocutores políticos judiciales sólo fueron los integrantes de la Corte y los del Consejo de la Judicatura Federal, para eso hay representantes del senado y del ejecutivo federal en ese Consejo, para llevar la voz de sus nombrantes y verificar el actuar de j y m
. Los juzgadores de primera instancia jamás tienen contacto institucional con políticos.
Establecer costos políticos a cada una de las sentencias que diario se dictan por esos jueces es tanto como suponerlos atentos de cada comentario de decenas de políticos para verificar cuál es el trasfondo político a cuidar
en sus resoluciones y así evitar un costo político
; amén de saber cuáles partes tienen vínculos políticos o si sus abogados tienen relación con algún político importante. Si cada mes se resuelven cientos de juicios en un juzgado, sería tanto como pedir que un analista político revise cada expediente antes de ser resuelto. No se espera de los juzgadores que hagan posicionamientos políticos en sus sentencias, especialmente porque alcances políticos los tienen todos los actores sociales, muchos sin partido. En ciertos lugares, parecen tener más poder los delincuentes que las fuerzas del orden o los gobernantes, de modo que también son actores políticos. Los juzgadores que todos los días enfrentan a delincuentes u otros poderes fácticos (sindicatos, empresarios locales y multinacionales, universidades, etc.) tardarían más en establecer el alcance político de su actuar que la resolución en lo legal. Muchos de los juzgadores deciden apostar toda su vida a la función judicial. Se requiere experiencia judicial para resolver casos de narcos o de personajes públicos, pero no en función del alcance político. Un juez con más de 25 años en el cargo ha pasado por gobiernos panistas, priistas y morenistas: decidir siempre con tino político sería impensable.
Si las leyes no son refrentes del posible costo político
judicial, de alguna forma inequívoca deben enterarse j y m
. Si lo fueran los comentarios del presidente en la mañanera, ya es tarde. Ahora, la descalificación (aviso de costo político
) es injusta por parcial: una sola resolución no define al juez; sería hacer a un lado cientos de miles de resoluciones por él dictadas. Entre esas miles, sin duda habrá muchas favorables al político en turno o a su grupo: también deben mencionarse públicamente.
Establecer la posibilidad de modificar las propias resoluciones (sin el recurso judicial respectivo) por causa del inminente costo político
(ya hubo una mención adversa en la mañanera) es contrario a todas las leyes procesales actuales. Es un tema pendiente para los expeditos legisladores.
Los jueces yerran como políticos porque nunca deben serlo. La independencia judicial se refiere a ser ajeno a los vaivenes políticos y económicos (como el fuero legislativo en tribuna). Muchos jueces han ofrendado la vida, la salud y la familia, por mantener la independencia judicial: hoy resulta que no importa.
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