El gobierno de México admitió revisar la solicitud de Estados Unidos sobre la presunta denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en la planta Camino Rojo, propiedad de la compañía canadiense Orla Mining, ubicada en Mazapil, Zacatecas.

La queja laboral número 27 al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC responde a una petición del Sindicato Nacional Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, en la que los trabajadores de la sección 335 denunciaron las violaciones, además de que la trasnacional interfirió con los asuntos sindicales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social conducirá, en un plazo de 45 días contados a partir del 29 de agosto, cuando recibió la solicitud, una revisión interna para determinar si existe denegación de derechos en la mina Camino Rojo, la mayor concesionaria para la exploración y producción de oro y plata.

La Secretaría de Economía comunicó ayer a la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos la admisión de la solicitud de revisión, en la que las autoridades del país vecino determinaron que hay evidencia suficiente y creíble de una negación de derechos que permite la invocación de buena fe del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC.