Zacatecas, Zac., Representantes de 425 familias de ejidatarios de ocho comunidades rurales del municipio de Pinos demandaron la intervención del gobierno federal para que frene la explotación de miles de toneladas de arena en sus poblados, lo que ha llevado a un ecocidio.

Solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que verifiquen la concesión otorgada al particular J. Jesús Ledesma Ramírez, quien extrae el material pétreo desde 2013.

Denunciaron que la extracción de arena vendida a empresas constructoras y de materiales de San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes ha afectado el cauce de un arroyo y dos antiguas presas, en una superficie de más de 200 hectáreas.

Raúl Rodríguez Camarillo, vecino de San Martín, uno de los ocho poblados perjudicados, acusó que la Conagua otorgó una concesión para la extracción del material, pero el concesionario se ha excedido al extraer miles de toneladas de manera ilegal, con afectaciones a especies endémicas de plantas y animales.

Lo más visible es el daño a árboles de diferentes especies, algunos con más de 100 años de vida, acusó. El permiso, puntualizó Rodríguez Camarillo, era para explotar no más de un metro de profundidad, pero han saqueado de siete a ocho metros de fondo.

Mencionó que Ledesma Ramírez saca diariamente, en tractocamiones con capacidad de 20 a 30 toneladas, entre 15 y 20 viajes de arena, y aunque se supone que en agosto y septiembre no debe sacar un grano, ha explotado el yacimiento por más de una década.

Marcelino Herrera, ex delegado municipal de San Martín, expuso que al terminar con los árboles también se acabaron los tecolotes, los armadillos y muchas especies que ya se fueron. Este era un valle verde muy hermoso, pero se acabó.

Además de la arena, señaló, se han llevado la piedra, guijarros, rocas gigantes que venden a constructores de Ojuelos, Jalisco; Mezquitic de Carmona y Villa de Arriaga en San Luis Potosí, y en Aguascalientes. Deben ser millones de toneladas que sacan en camiones.

Otro afectado indicó que por el paso de la maquinaria pesada y camiones, las carreteras y caminos están destruidos. Además, la Conagua nos dice que el señor ya no tiene concesión, y que nosotros podemos detener las unidades. Pero si ellos dieron los permisos, entonces que apliquen la ley, ¿porque nosotros nos expondríamos a un enfrentamiento?.

Recordaron que en la Conagua les dijeron que no acudían por falta de insumos para viajar al lugar, y dos o tres días después se presentó el concesionario con un permiso para seguir explotando los bancos de arena. Entonces ¿a qué estamos jugando?, preguntó.

En la Fiscalía General del Estado, “nos dijeron que la Conagua expidió permisos hasta 2030. Mientras en la Profepa nos pidieron coordenadas para ir a verificar el sitio.

Los ejidatarios denunciaron que las pesadas unidades destruyeron el puente que comunicaba a los pueblos Huertas del Mezquite y La Esmeralda, así como drenajes, y mencionaron que han hecho público su malestar desde 2013, pero ninguna autoridad les ha hecho caso.