El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los paristas del Poder Judicial defienden sus privilegios.

En la conferencia matutina de ayer expresó su desacuerdo con la huelga en el sector judicial, aunque destacó que están en su derecho tanto quienes participan en el paro de labores como los que ayer bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados para evitar que se discuta el dictamen de reforma a ese poder.

Al comentarle que el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sumarse al paro de actividades –iniciado por trabajadores del Poder Judicial el 19 de agosto y al que posteriormente se adhirieron jueces–, el mandatario respondió: pues sí, están en su derecho. Pues imagínense, tienen que defender sus privilegios.

–Cerraron los accesos a la Cámara de Diputados –se le planteó.

–Sí, también están en su derecho.

Lamentó que aun cuando no hay actividad en el sector judicial, los jueces siguen determinando los llamados sabadazos, por lo que insistió en la necesidad de reformar ese poder.

“Cuando dijeron que iban a ir a huelga, hasta me alegré, porque dije: ya no habrá sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a maleantes del crimen organizado o a ladrones de cuello blanco. Pues no.”

Y ejemplificó con dos casos que previamente había presentado el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.

Uno, sobre la decisión de un juzgador de devolver entre 10 y 15 carros de lujo a una banda de la delincuencia organizada, y el de otro togado que amparó a una persona que, sin demostrarlo, reclama ser dueño de un terreno que presuntamente fue afectado por el Corredor del Istmo, pero referente a un caso de 1908. Sí, hay que seguir limpiando, aunque se enojen.

El subsecretario Rodríguez Bucio exhibió a los dos jueces federales que otorgaron suspensiones en favor de otros de sus colegas en contra del proceso legislativo sobre la reforma constitucional en cuestión.

La intención, consideró el funcionario, es que el Congreso de la Unión no discuta ni dé trámite legislativo al dictamen.

Se trata de la jueza quinta de distrito en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, y del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, que otorgaron sendas suspensiones bajo argumentos de evitar daños y perjuicios de difícil o imposible reparación.

En el primer caso, destacó, la jueza Magaña López otorgó la suspensión un día después de presentado el amparo y en su resolución mencionó que actúa estando en protesta por los ataques a la independencia judicial. La determinación implicaría que el dictamen de ley no podrá ser discutido ni votado por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el juez Consuelo Soto concedió, el mismo día de presentado el trámite, a otros jueces federales una suspensión de oficio para evitarles daños y perjuicios de difícil reparación.

Rodríguez Bucio apuntó que en este caso, los efectos de la suspensión serían para que el Congreso se abstenga de enviar el dictamen a las legislaturas del los estados y la Ciudad de México para la aprobación hasta que no se resuelva la suspensión definitiva en este amparo.