as ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf expusieron que procede la destitución mediante juicio político, así como la inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, para los ministros y otros funcionarios del Poder Judicial que se han declarado en paro como medida de presión contra la reforma constitucional que busca sanear a ese rubro del Estado.

Las tres ministras disidentes, quienes se han negado a sumarse al golpeteo político instigado por la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, señalan que es causal de destitución incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Entre otras leyes y reglamentos violados por los ocho ministros que votaron a favor de obstruir el funcionamiento de la justicia, se encuentran el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que establece el derecho fundamental de todas las personas a la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes), el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo) e incluso la jurisprudencia 118/2016 de la segunda sala de la SCJN (en la que se acuerda que los titulares del máximo órgano impartidor de justicia, como las y los ministros, no pueden suspender la prestación del servicio público que les ha encomendado la Carta Magna).

El posicionamiento de Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf exhibe hasta qué punto la mayor parte de la cúpula de la Judicatura ha hecho a un lado la Constitución, las normas que el Poder Judicial se dio a sí mismo, la ética y el último rastro de decoro profesional, en el afán de mantener los escandalosos privilegios económicos y la negativa a rendir cuentas a la ciudadanía, que consideran esenciales para llevar a cabo sus labores. Lo más deplorable es que, como expertos legistas que son o dicen ser, los ministros, magistrados y jueces paristas poseen plena conciencia de que sus actos no sólo carecen de sustento jurídico, sino que resultan legalmente punibles y pueden tipificarse como un intento de descarrilar la democracia al bloquear la aprobación de cambios respaldados por los ciudadanos en las urnas.

Por ello, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acierta al denunciar que las suspensiones otorgadas la semana pasada por dos jueces federales para impedir que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de reforma al Poder Judicial representan un golpe de mano contra la soberanía popular con la complicidad del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También atina el ex senador al retratar la conversión de uno de los sistemas judiciales más abyectos al poder político en una militancia oposicionista cuando, a la llegada de un gobierno de izquierda, los togados vieron amenazados los intereses de casta y clase a los que representan.

Con sus patéticos conatos de insurrección, la mafia que controla la SCJN y el CJF ha causado un daño gravísimo al Poder Judicial, eliminando su ya precaria credibilidad y exhibiéndose ante la opinión pública como lo que es: un grupo que se siente dueño de las instituciones, que las mantiene secuestradas en beneficio de sus familiares y allegados, y que no tiene otra causa que la defensa de prebendas injustificables.

Mientras antes sea desalojada esa camarilla, más pronto podrá iniciarse la construcción de un aparato de impartición de justicia a la altura de los retos que afronta el país.