El gobierno de Estados Unidos solicitó a México una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC en contra de la compañía canadiense Orla Mining por la presunta violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, en la planta Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas.

La petición anunciada por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, plantea una sanción inicial a la minera a cielo abierto especializada en la extracción y producción de oro y plata, ya que se instruyó al Departamento del Tesoro suspender la liquidación de aranceles sobre bienes de la empresa.

La decisión de hoy pone de relieve el compromiso persistente e inquebrantable de Estados Unidos de salvaguardar los derechos de los trabajadores a participar en actividades sindicales de manera segura y asociarse libremente con el sindicato de su elección sin temor a represalias o violencia, declaró la embajadora Katherine Tai.

La queja laboral número 27 responde a una petición del Sindicato Nacional Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia; fue presentada el 24 de junio y en ella alega que la trasnacional interfirió con los asuntos sindicales.

Tal situación, debido a que la empresa busca menospreciar y socavar la fuerza del apoyo de los trabajadores al sindicato titular minero, y en cambio intenta promover la afiliación de los trabajadores a un gremio externo, ligado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.

Evidencia suficiente y creíble

La Comisión de Comercio Internacional revisó la petición y determinó que hay evidencia suficiente y creíble de una negación de derechos que permite la invocación de buena fe del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC.

México tiene 10 días para aceptar realizar una revisión y, si está de acuerdo, 45 días a partir de hoy para completar la revisión.

Camino Rojo es la mayor concesionaria minera de México, al haber obtenido los derechos del gobierno federal durante el régimen de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), para realizar actividades de exploración y producción de minerales preciosos como el oro y la plata, en un polígono de 160 mil hectáreas de tierras, en el semidesierto del municipio de Mazapil, en el norte de Zacatecas.