Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció ayer que se está fraguando un plan para de-sestabilizar a su gobierno usando a las fuerzas armadas, en medio de roces con la administración estadunidense.

La mandataria hizo los comentarios un día después de que su gobierno canceló un tratado de extradición de más de un siglo con Estados Unidos en respuesta a los comentarios de la embajadora de la Casa Blanca en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reu-nión entre funcionarios hondureños y venezolanos en Caracas.

Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno y eso es importante que el pueblo lo sepa, sostuvo Castro.

No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las fuerzas armadas, nosotros estamos defendiendo al ejército, no los golpes de Estado, agregó

La mandataria, una izquierdista de 64 años esposa del ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009), afirmó que los ataques ponen en riesgo los comicios generales pautados para noviembre de 2025, donde se elegirán presidente, diputados, alcaldes y otros cargos.

Laura Dogu expresó el miércoles su preocupación por haber visto imágenes de una reunión en Venezuela entre el ministro de Defensa hondureño, Manuel Zelaya –sobrino de la mandataria–, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sentados al lado de un narcotraficante, sin dar más detalles.

En las fotografías del encuentro, Zelaya aparece con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, quien ha sido acusado por Estados Unidos de conspirar para distribuir cocaína a bordo de una aeronave con matrícula del país norteamericano.

El tratado de extradición era considerado una herramienta clave para desmantelar el “narcoestado” que, según la justicia estadunidense, fue creado en Honduras bajo el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy preso en Estados Unidos.

El canciller hondureño, Enrique Reina, declaró tener información de que en el país se estaría promoviendo un golpe de barracas, que supondría un movimiento en los cuarteles para la remoción de los jefes militares.

En 2009, tras un enfrentamiento entre el entonces presidente Zelaya, el Congreso y el máximo tribunal del país, el mandatario sufrió un golpe de Estado que, según allegados a Zelaya, fue apoyado por Washington.