El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que la reforma a la Constitución de Aguascalientes, que reduce de 12 a seis semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo y que establece penas de uno a tres años de prisión a quien incumpla la norma, es un retroceso y es contrario a la resolución que en agosto de 2023 emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que dificulta el acceso al aborto seguro y legal.

María de la Luz Estrada, directora del OCNF, señalo que junto con el Observatorio de Violencia Social de Género de Aguascalientes promoverá una alerta de género por agravio comparado, a fin de proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de dicha entidad.

La activista explicó que ese procedimiento está previsto en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y añadió que la solicitud se hace a la Secretaría de Gobernación para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emita dicha alerta.

“Creemos que hay suficientes elementos para que se decrete la alerta de agravio comparado, la cual es una herramienta más para exigir que no se retroceda en los derechos de las mujeres

En los derechos siempre debe haber progresividad. Hay estados que despenalizaron el aborto como mínimo hasta las 12 semanas de gestación. Es especialmente alarmante que esta reforma introduce un cambio regresivo en el tratamiento del aborto espontáneo, al requerir dos evaluaciones, agregó.