l resultado del proceso electoral fue contundente: Morena ganó con márgenes amplios. Para cada elección federal los números varían, pero lo relevante es que Morena tiene la Presidencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría importante en la de senadores: 83, requiriendo 86 para contar con mayoría calificada. Con este respaldo, los electores les dieron un mandato a sus electos: Presidenta, senadores y diputados federales: aprueben las reformas constitucionales que fueron planteadas por AMLO y que se difundieron como el plan C.
La oposición sabía que perdería las elecciones, pero esperaba que la diferencia fuera menor, permitiéndole impugnar los resultados. A esta oposición concurren empresarios, tres partidos nacionales (PAN, PRI, PRD), otras pequeñas fuerzas políticas, así como las agencias calificadoras que representan intereses económicos perfectamente definidos, asesoras de inversionistas, bancos internacionales. Juntos conforman el bloque que estuvo en el poder durante los 36 años neoliberales. Por supuesto, en esta alianza de intereses también participan el gobierno estadunidense, el canadiense y los organismos financieros internacionales.
El enfrentamiento entre proyectos de nación diferentes es perfectamente claro. Desde 1988 la nación ha estado en disputa. Esta disputa fue resuelta a favor de esta alianza que gobernó 36 años. No sólo ganó el poder, sino que impuso una ideología conservadora en muchos ámbitos. Los neoliberales plantearon y ganaron la revolución de los ricos. En 2018, esa alianza perdió la elección presidencial y perdió también la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La victoria electoral de la 4T y su mayoría permitió reorientar en sentidos relevantes el proyecto nacional.
Por supuesto que en los años de gobierno de AMLO la confrontación de proyectos ha sido permanente. Las decisiones importantes de este gobierno: los grandes proyectos de inversión, el rescate de Pemex y la CFE, la política social, hasta el estilo personal de gobernar se han cuestionada ad nauseam. En la elección intermedia, Morena ratificó su mayoría, pero no pudo lograr mayorías calificadas entre diputados. Consecuentemente, en esa elección la oposición obtuvo también un mandato: frenar las reformas constitucionales que eran relevantes para el proyecto de nación postulado por Morena. La oposición cumplió con ese mandato.
La elección de 2024 le mandató a la alianza política que sostiene a la 4T llevar adelante el plan C. Para tratar de impedirlo la oposición ha actuado secuencialmente. Los aliados estratégicos del proyecto neoliberal fueron utilizando las herramientas a su alcance para oponerse al cumplimiento de este mandato: compraron dólares, vendieron acciones, amenazaron con reducir la calificación crediticia internacional del gobierno mexicano, junto con múltiples impugnaciones a los resultados electorales. Un actor importante en esta alianza, el gobierno estadunidense, había permanecido silencioso, aunque actuaba soterradamente a través de entidades financieras internacionales. Este silencio lo rompieron el embajador estadunidense y luego algunos senadores de ese país.
Ante la inminente confirmación de las mayorías parlamentarias de Morena, el gobierno estadunidense y, con mucho menor sonoridad, el canadiense, decidieron expresarse apoyando a sus aliados estratégicos. Los argumentos utilizados son cuestionables, pero el asunto de mayor importancia es la evidente intromisión de un gobierno extranjero en asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Evidentemente esa intromisión fue concertada con las ahora separadas oposiciones. No es un exabrupto, es parte de una estrategia diseñada para que en este momento de transición del gobierno de AMLO al de Sheinbaum se construya un escenario de supuestas rupturas comerciales y financieras.
La decisión de concretar la reforma judicial no puede revertirse. Por el contrario, Morena y la presidenta deben llevar adelante la reforma judicial, considerando los impactos inevitables que se presentarán en diversos ámbitos. Será necesario insistir en que el marco legal no habrá cambiado, por lo que no existe ningún riesgo que cuestione la participación de ningún agente económico en el país. Las preocupaciones del gobierno estadunidense son impertinentes y lastiman la soberanía nacional. Las decisiones de México las toman mexicanas y mexicanos. Y estas decisiones se tomaron el 2 de junio pasado. Corresponde a nuestros elegidos honrarlas.
