a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos en respuesta a las insolentes declaraciones de la embajadora Laura Dogu, quien se dijo sorprendida de que autoridades hondureñas de Defensa se reunieran con el ministro venezolano de ese sector, Vladimir Padrino López, descrito por la diplomática como un narcotraficante. La mandataria centroamericana denunció el intolerable intervencionismo de Washington, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes.

Como señaló el canciller hondureño, Enrique Reina, insinuar o implicar en actividades ilícitas a sus fuerzas armadas es una amenaza directa contra su independencia y soberanía. Por ello, la postura de Castro, primera mujer en gobernar su país, debe celebrarse como un acto de valentía y dignidad ante la grosería de una funcionaria que no entiende la naturaleza ni las restricciones que conlleva su cargo, y que se mantiene anclada en una mentalidad neocolonial que debe rechazarse sin titubeos. Esta firmeza contrasta con el triste historial de anteriores gobiernos hondureños como cómplices del imperialismo estadunidense, especialmente en las operaciones de la sanguinaria contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, papel que en la década de 1980 le valió a Honduras el sobrenombre de portaviones de Estados Unidos en Centroamérica.

Además de inscribirse en el ininterrumpido intento de derrocar al gobierno venezolano e imponer un régimen títere en Caracas que ha marcado la política exterior de Washington en lo que va del siglo, las expresiones de Dogu muestran un reciente patrón de incontinencia verbal por parte del personal diplomático de la superpotencia. Es muy significativo que se produzcan en los mismos días en que el embajador en México, Ken Salazar, rompió con la prudencia que había caracterizado su gestión y se apuntó al golpeteo local y foráneo a favor de jueces, magistrados y ministros corruptos. El espaldarazo dado a Salazar por el subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, indica que no se trata de salidas de tono personales, sino de una extendida pérdida del control declarativo en el Departamento de Estado. En un claro ejemplo de esta deriva, Nichols repitió el sinsentido de afirmar su respeto a la soberanía mexicana a la vez que emitía opiniones fuera de lugar sobre asuntos internos.

Para nadie es una sorpresa que la clase política estadunidense comparte un desdén hacia América Latina, el cual la lleva al convencimiento de poseer el derecho a dictar a los países de la región cómo deben gobernarse; pero los niveles actuales de agresividad hablan de una falta de dirección en medio de una coyuntura electoral y del inminente recambio en la Casa Blanca. Sea lo que sea que mueve al Departamento de Estado a embarcarse en estos ataques, la única respuesta digna consiste en una incondicional defensa de la soberanía. Cabe felicitarse de que la presidenta Xiomara Castro haya actuado en consecuencia.