Quito. Sin la presencia de la prensa, con dos días de adelanto y con un despliegue informativo en redes sociales, el gobierno ecuatoriano comenzó ayer el proceso de cierre de pozos petroleros del bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia. Esto, como parte de la obligación determinada en la consulta popular que en 2023 resolvió mantener el crudo bajo tierra.

Yasuní, con una superficie aproximada de 10 mil 200 kilómetros cuadrados, es considerada la zona más biodiversa del planeta y también el territorio de pueblos originarios y ancestrales no contactados de la Amazonia ecuatoriana, razones que llevaron a varios colectivos ecologistas a realizar la campaña por el cierre de las operaciones petroleras. En la década pasada, durante la presidencia de Rafael Correa, se propuso una campaña mundial para recaudar el dinero que dejaría de producir ese campo de combustible fósil, pero no se alcanzó la suma requerida.

El colectivo YASunidos, uno de los promotores de la consulta popular, denunció la inacción estatal desde el año pasado para cumplir a cabalidad lo decidido por el pueblo ecuatoriano y dijo que el informe presentado a la Corte Constitucional es técnicamente deficiente y está lleno de contradicciones. Esta agrupación explica que de las cinco medidas dispuestas por la Corte y ratificadas por el mandato popular, el gobierno sólo admite haber cumplido una: no firmar nuevos contratos.

La tarea llevará hasta 5 años

Las autoridades energéticas actuales han dicho que este es el primer paso, pero el cierre total tomará entre tres y cinco años, pues el campo petrolero cuenta en total con 246 pozos. Para ello, la semana pasada, el gobierno de Daniel Noboa presentó a la Corte Constitucional el cronograma para el cierre anticipado de las operaciones y abandono del bloque ITT. En ese documento se define que la clausura concluiría en diciembre de 2029. En 2024 cerrarán 10 pozos, y a partir de 2025 se realizaría el apagado y taponamiento de 48 pozos por año.

Sin embargo, desde otros sectores económicos se considera esta clausura un atentado contra la economía ecuatoriana al no existir una alternativa y, por supuesto, porque no entrarían al fisco nacional alrededor de mil 500 millones de dólares anuales, y hasta 2029 unos 6 mil millones de dólares, en un país con graves problemas económicos y con una caída de la producción petrolera general desde el año pasado. Expertos como Nelson Baldeón prevén una pérdida general de ingresos entre 2.198 millones y 3.581 millones anuales.

Además, la empresa estatal Petroecuador, operadora del campo ITT, calcula que las operaciones técnicas para el cese anticipado de operaciones y abandono del Bloque 43 ITT tendría un costo aproximado de mil 345 millones. A esto habría que sumar el costo de la inversión hecha entre 2010 y 2023 para la exploración y explotación que fue de mil 983 millones.

El otro impacto considerado es para las comunidades aledañas que se han beneficiado de algunos programas de compensación. Ahora, los 2 mil habitantes de esa región perderían una inversión aproximada de 14.4 millones, con base en los convenios firmados con el gobierno de Correa en 2014. Con esos recursos se financiaron proyectos y obras en agua potable, electrificación, infraestructura educativa, salud, baterías sanitarias, 42 infocentros y vivienda, entre otros.