La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que prevé un proceso extraordinario en 2025 para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, mecanismo que según Morena desmantelará la aristocracia judicial.

La bancada mayoritaria, como solicitó de manera expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobó una adenda para incluir una figura similar a los jueces sin rostro que resuelvan casos de delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico.

El dictamen –que se debatiría en el pleno incluso desde el primero de septiembre ya en la nueva Legislatura– prevé la remoción de los 11 ministros en funciones de la Corte, para elegir a nueve; la sustitución y elección de 15 magistrados de salas regionales; la votación de 448 magistrados de distrito, de 378 jueces de distrito, de dos vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cinco magistrados del nuevo tribunal de disciplina que fungirá en lugar del Consejo de la Judicatura Federal, que desaparece.

Con la reforma –definida por la oposición como “una vendetta”– se acota además que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no tendrán efectos de carácter general, como ocurrió con la controversia contra la reforma en materia eléctrica y que benefició a todas las empresas del sector, aun cuando el recurso fue presentado por sólo dos.

Tras 11 horas de discusión, la reforma se aprobó con 22 votos en favor y 18 en contra, después de que sólo se aceptó una reserva de Morena, de las 330 presentadas por todos los partidos, para definir la protección y reserva de identidad de jueces de casos de alto impacto.

Tal agregado prevé al respecto: tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.

La oposición ponderó la necesidad de proteger a estos jueces especializados, pero consideró un despropósito que surjan de una elección, donde su nombre y apellidos aparecerán en una boleta, cuando lo que se trata es precisamente de resguardar su identidad.

El panista Héctor Saúl Téllez resaltó que se les pondría en grave situación de integridad, si los obligamos a ir a una elección pública y abierta.

La reforma prevé que, para participar en el proceso, los actuales ministros, magistrados y jueces en funciones podrán participar con pase automático en el primer filtro de selección, que estará a cargo de un comité, que depurará la lista final mediante una tómbola.

Para PRI, PAN y PRD, la elección resultará en un concurso de popularidad, pues incluso se define que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro con más votos.

La magnitud de la elección es tal que, después del primer filtro, participarían en total 5 mil 953 candidatos para 845 cargos en disputa.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, planteó que la elección será materialmente imposible. Ejemplificó que, en el caso de la Ciudad de México, cada uno de los electores recibirá 25 boletas, con 4 mil 125 nombres de candidatos a 640 cargos judiciales.

Morena aprobó una reserva para tratar de corregir el método, y señalar que la boleta garantizará que los votantes asienten la candidatura de su elección, pero Moreira insistió en que el agregado no corrige el problema de fondo.

Ante las críticas, Rosendo Medina (Morena) consideró preferible que el pueblo se equivoque a que la oligarquía siga mandando en el Poder Judicial. El panista Jorge Triana le reviró: ¡el pueblo salvó a Barrabás y condenó a Cristo!

En el intercambio, agrio por momentos, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, acusó mientras señalaba a panistas y priístas que la justicia sirve al capital privado y a ustedes.

–¡La justicia es ciega! –exclamó el panista Santiago Torreblanca.