l secretario general de Gobierno del estado de México, Horacio Duarte Olivares, informó que se reiniciaron las obras del Colector 1 Solidaridad en Chalco, lo que permitirá el desalojo de aguas residuales en la zona. De acuerdo con el funcionario, la construcción del ducto comenzó en noviembre de 2022, pero enfrentó varias suspensiones, la más reciente de las cuales se produjo en noviembre pasado y se extendió hasta ayer. Duarte también dijo que durante el fin de semana fueron liberados los tres tapones de basura que impedían el flujo de agua, por lo que, aseguró, esta misma semana se desalojará todo el líquido de las 32 calles inundadas en las colonias Culturas de México y Jacalones.
Las declaraciones del funcionario obligan a inquirir por qué una obra pública de tan obvia urgencia permaneció detenida casi dos años y por qué sólo se reanudó después de que alrededor de 2 mil personas han pasado 26 días entre aguas negras. Con una mirada más amplia, es ineludible preguntar por qué ninguno de los gobiernos estatales y federales que se han sucedido en el último medio siglo –desde que la zona del valle de Chalco perdió su vocación agrícola y se convirtió en una de las más densamente pobladas del área metropolitana– construyó la infraestructura necesaria para evitar anegaciones en una región cuya geografía la vuelve sabidamente propensa a sufrir este tipo de siniestros.
Los ayuntamientos de los municipios del valle ciertamente carecen de los recursos económicos e institucionales para afrontar problemáticas de semejante magnitud, pero, como señalan los afectados, podrían y deberían haber hecho mucho más para solicitar el auxilio del estado y la Federación antes de que la catástrofe ocurriera. Asimismo, si bien está claro que la responsabilidad principal de dar mantenimiento al drenaje recae en las autoridades mexiquenses, el gobierno federal y el de la Ciudad de México no pueden desentenderse de una situación que rebasa el ámbito local: Chalco, como gran parte del oriente mexiquense, funge como ciudad dormitorio para cientos de miles de personas que trabajan en la capital, pero se ven expulsadas hacia la periferia por los precios prohibitivos de la vivienda en la zona central. De este modo, las tribulaciones de los chalquenses repercuten en la vida cotidiana de los capitalinos.
En lo inmediato, es apremiante que los tres niveles de gobierno se involucren de lleno en la conclusión de las obras que permitan el desalojo completo del agua, así como en la aplicación de planes de apoyo que eviten el surgimiento de problemas de salud derivados del contacto prolongado con líquido contaminado. El siguiente paso consiste en elaborar un censo de los damnificados y sus necesidades a fin de proveer a los habitantes de los enseres domésticos y otros objetos básicos que perdieron durante la inundación, incluyendo las herramientas de trabajo de quienes se ganan la vida desempeñando diversos oficios.
Por último, ha de garantizarse la no repetición de una tragedia como la que se vive en las colonias referidas y que, con distinta gravedad y duración, es recurrente en el valle de Chalco. El histórico desinterés hacia estas catástrofes anunciadas constituye una muestra de insensibilidad por la suerte de un sector particularmente vulnerable de la sociedad, insensibilidad que no tiene cabida en el proceso de transformación del país.
