Con seis meses de retraso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría de votos un acuerdo general para emitir los lineamientos respecto de la integración y operación de un catálogo de sentencias firmes y definitivas, a fin de tener un registro preciso de las infracciones cometidas por los servidores públicos, aunque esta iniciativa se llevará a la práctica hasta que se realice un nuevo proceso electoral.

A pesar de que el pasado 28 de febrero el pleno de la Sala Superior ordenó la creación del documento correspondiente, los magistrados fueron omisos para tenerlo listo en los comicios que concluyeron el pasado viernes con la asignación de legisladores plurinominales.

Sin embargo, a través de este acuerdo queda establecido que el catálogo será una herramienta para acreditar las irregularidades que pueden impactar en las condiciones de validez de las elecciones y para que las autoridades puedan revisar lo conducente al analizarla.

El catálogo sistematizará la consulta de resoluciones y sentencias definitivas de las seis salas del TEPJF sobre infracciones de servidores públicos cometidas en periodo de precampañas y campañas electorales, así como las que afecten las condiciones de equidad en la contienda y las que afecten al principio de neutralidad del Estado y sus órganos.

También se incluirán las sentencias firmes que deriven de procedimientos especiales sancionadores, ordinarios, de fiscalización, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y juicio electoral.

Esto significa que las resoluciones de la sala superior, como en las que se determinó la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores o funcionarios del gabinete del gobierno federal en los recientes comicios, serán incluidas en dicho catálogo.

Máxima transparencia, uno de los objetivos

El acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece que dicho catálogo estará sistematizado en un portal de Internet, a fin de que la ciudadanía pueda consultarlo, en correspondencia con lo previsto en los principios de máxima publicidad, veracidad y oportunidad.

Conforme a lo estipulado en los lineamientos, serán las unidades de estadística e información jurisdiccional y vinculación con las salas regionales de la secretaría general de acuerdos de la sala superior las responsables de verificar el debido registro en el formato único.

La sentencia deberá registrarse en un máximo de cinco días hábiles después de que haya adquirido firmeza, además de cumplir con un lenguaje ciudadano y claro.

También se busca hacer público el nombre de la persona infractora, el género, cargo o función que desempeña al momento de cometer la infracción. Asimismo se anotará el municipio o entidad donde se incurrió la irregularidad, además del número o clave del expediente de la resolución firme.

De la misma manera se tendrá que hacer pública la conducta o infracción, la temática, fecha de los hechos y fecha asimismo de la sentencia.

A su vez, las salas regionales tendrán un lapso no mayor a tres días naturales para comunicar la resolución aprobada.