En una sesión que se espera se alargue hasta la madrugada del martes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inicia este lunes la discusión del proyecto de dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en el cual se resalta que la sustitución de ministros, magistrados y jueces se justifica por la opinión pública adversa, muy adversa, que enfrentan.

En el documento se reconoce que el sistema de designación en el PJF ha tenido una vigencia extensa en el sistema jurídico-político mexicano, pero que la desconfianza de la población en los tribunales y jueces y los niveles de corrupción por trámites ante tribunales y juzgados prevalecen.

La comisión únicamente tomó como base del plan la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de febrero pasado, y aun cuando hay propuestas de reforma al Poder Judicial de todos los partidos, éstas se anexaron sólo como antecedentes relevantes en la materia.

De esta manera, la reforma parte de la propuesta presidencial porque pretende dar un giro a la manera en que los jueces en general son elegidos, con el ánimo de que surjan de la voluntad popular con una legitimidad democrática inmediata y directa, pero que tendrán que refrendar con su desempeño y sean idóneos al cumplir con los requisitos exigidos en la propia Constitución y sus leyes.

Para la comisión, que se abra a una elección el proceso de nombramiento permitirá romper el cerco judicial formal que comúnmente ha llevado al nepotismo y amiguismo.

En suma, afirma, de la elección saldrán juzgadores con un mayor grado de independencia al surgir, no de los compromisos de grupos de poder e interés, sino de la voluntad ciudadana que les permita ejercer su función con justicia.

Además, considera que el método de designación de ministros, magistrados y jueces “no ha producido los resultados deseados, al menos en función de lo que la opinión pública considera… pues los servidores públicos judiciales son acusados de corrupción y poca confianza”.

La comisión también considera que reducir salarios y prestaciones de lujo en el Poder Judicial, así como suprimir las pensiones de magistrados, ministros y directivos se da en un contexto en el que sus remuneraciones “no pueden ser inequitativas, excesivas, egoístas, abusivas y ajenas al contexto social.

Incluso señala: las percepciones inequitativas de los ministros se reflejan en la circunstancia de que los 11 ministros de la Suprema Corte ganan al mes 50 veces más (314 mil 500 pesos) que 21 millones de mexicanos que en 2023 ganaban el salario mínimo (6 mil 223 pesos).

Enseguida, enumera que ellos “cuentan con privilegios excepcionales, que en 2022 representaron 73 mil 723 millones 20 mil 424 pesos: sueldos muy superiores al del Presidente, de 297 mil 403 pesos mensuales, aguinaldos de 586 mil 92 pesos –que representan 40 días de sueldo–, primas vacacionales de 95 mil 474 pesos, un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos anuales, comedor especial en la Corte con carta de alimentos y bebidas alcohólicas”.