El abogado y académico Ignacio Carrillo Prieto, quien como titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) promovió acción penal contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, como uno de los responsables por las masacres de estudiantes de 1968 y 1971, falleció ayer a los 77 años a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Durante los gobiernos de Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976 a 1982) el abuso del poder del Estado autoritario, ocurrió a lo largo y ancho del país, afirmó el jurista en 2005, en un encuentro con legisladores de la entonces oposición.

Con base en denuncias de víctimas y familiares, la Femospp impulsó la acción penal contra ex funcionarios señalados de actos de tortura y desaparición forzada, como parte de la represión contra opositores políticos e integrantes de grupos guerrilleros durante las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado.

Entre otros casos relevantes, la fiscalía llevó los de los titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), el capitán Luis de la Barreda (1970-1976) y Miguel Nazar Haro (1978-1982).

Sin embargo, los tribunales, igual que en el caso de Echeverría, concluyeron que no existían pruebas que acreditaran la responsabilidad de los imputados o decidieron que las acusaciones habían prescrito.

Resistencia en el Poder Judicial

En 2005, luego de que a la Femospp le habían negado la emisión de órdenes de aprehensión contra integrantes de las corporaciones represoras, Carrillo Prieto afirmó en el Senado que las consignaciones no prosperaron por los conflictos de intereses que hay en el interior del gobierno y porque en el Poder Judicial Federal existe un reducto de resistencia al cambio.

Al ser entrevistado entonces, reconoció que había frustración social por los resultados de la Femospp, creada en 2001 y extinguida en 2006, todo durante el gobierno del panista Vicente Fox.

En esa ocasión lamentó que los alegatos y conclusiones de la fiscalía no prosperaran ante algunos integrantes del Poder Judicial Federal. “O los desestiman o hacen resoluciones superficiales, banales y risibles, algunas de dos páginas. Incluso tengo resoluciones de dos cuartillas, mal pergeñadas, mal escritas e infundadas", señaló Carrillo Prieto.

Hemos tenido que batallar con distintas señorías, señorías del primer escalón, y después también con insatisfacciones de tribunales unitarios, porque hay algunas resoluciones verdaderamente dignas de antología del humor involuntario, dijo en aquella oportunidad.

Carrillo Prieto era abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también fue profesor en la Facultad de Derecho e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas; asimismo, era licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana.

Más de 500 averiguaciones

Bajo su mando, la Femospp inició más de 500 averiguaciones previas relacionadas con actos de tortura y desaparición forzada cometidas contra integrantes de grupos guerrilleros durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría Álvarez y López Portillo.

La investigación por la detención y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, a manos del Ejército, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano. La resolución transformó el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos.

Otra averiguación puso al descubierto el caso de Carlos Castañeda de la Fuente, quien planeó un atentado contra Díaz Ordaz en 1970.

Tras un juicio sumario y sin un examen médico idóneo, fue internado en un hospital siquiátrico durante 23 años. Al salir, Castañeda quedó en la indigencia, entonces ya afectado de sus facultades mentales.