La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga al gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, por el caso de la abogada Liliana Altamirano Calderón, quien al comienzo de la administración morenista se desempeñaba como gerente de la sucursal 20 del Monte de Piedad estatal, y tras denunciar una serie de actos de corrupción, sufrió acoso sexual, intimidación y finalmente fue despedida de manera injustificada.

En entrevista, explicó que el hostigamiento en su contra empezó cuando detectó que joyas de alto valor eran sustraídas para beneficio de una persona, por lo que hizo la denuncia correspondiente.

A partir de ese momento, no sólo fue acosada sexualmente, sino violentada y despedida, por lo que interpuso una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.

Sin embargo, el entonces jefe administrativo de la matriz estatal de Monte de Piedad, José Manuel GA, le solicitó retirarla a cambio de un pago, lo que ella rechazó y el sujeto la amenazó con levantarle un expediente e incriminarla por actos de corrupción que no cometió.

La litigante relató que al no ceder en sus acusaciones fue despedida de forma injustificada; por ello presentó otra querella en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del estado contra José Manuel GA y Omar Julián Julián, director del Monte de Piedad, por los delitos de hostigamiento sexual, intimidación, con agravante de cohecho y coalición de los servidores públicos.

Pero el caso no avanzó e incluso fue revictimizada; entonces solicitó la intervención del gobernador morenista Salomón Jara, quien no hizo nada, y así demostró que su discurso a favor de los derechos de la mujer y contra la violencia de género son sólo palabras al aire, acusó la abogada.

Ante esta situación, Liliana Altamirano se encuentra desplazada del estado, pues dice temer por su seguridad. Refirió que ha buscado ayuda en la Federación, donde tampoco la han escuchado y desde hace meses mantiene una protesta en la puerta 8 de Palacio Nacional.

La litigante dijo que acudió al órgano internacional por la falta de justicia en México, tanto a nivel estatal como federal.

Recordó que en diciembre de 2022 interpuso ante la CIDH una solicitud para que su caso fuera estudiado y el pasado primero de agosto le notificaron que había sido aceptado. El organismo solicitó un informe al Estado Mexicano y fijo un plazo máximo de cuatro meses para la investigación.

Para Altamirano Calderón esto es de suma importancia, ya que la CIDH no acepta cualquier caso, reciben muchos y no todos son avalados, lo que significa que al analizar su expediente se percataron del riesgo que corre por la persecución de las autoridades del estado de Oaxaca.