Por cuatro votos contra tres, el pleno del Consejo de la Judicatura avaló la postura de la ministra Norma Piña Hernández, de considerar que el paro de actividades en los órganos jurisdiccionales es un derecho de jueces y magistrados, y se rechazó la propuesta de que se debían reactivar las actividades.

La Judicatura anunció que se realizan acciones con el fin de entablar comunicación con los representantes de los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), así como con la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), que permita distender la situación de hecho que prevalece en los órganos jurisdiccionales, así como impulsar un canal de comunicación con los integrantes de la próxima legislatura del Congreso de la Unión.

Fuentes del Poder Judicial señalaron que al terminar una sesión privada de más de tres horas, a la postura de Piña Hernández se sumaron los votos de los consejeros Sergio Javier Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y José Alfredo Montalvo Martínez.

Quienes se manifestaron a favor del reinicio de actividades y poner fecha límite al paro, estuvieron los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Mientras los consejeros Molina Martínez, López Benítez y Montalvo Martínez, así como la ministra Piña, validaron que no se suspendiera el pago de salarios a quienes se encuentran en paro.

De manera conjunta los integrantes de la Judicatura formularon una circular en la cual reiteran que han tomado conocimiento de las notificaciones que han realizado los titulares de juzgados y tribunales informando del paro

Asimismo, supuestamente ante situaciones similares –aunque es la primera vez que los órganos que integran el CJF detienen labores de manera indefinida–, indican que refrendado el derecho de todas las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, de manifestarse pacíficamente y dentro del marco legal, interpretando la luz de los principios constitucionales que rigen la labor jurisdiccional, entre ellos la continuidad de la función pública de impartición de justicia que nos mandata la Constitución.

Los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés, externaron su disentir de lo señalado por la mayoría de los consejeros, porque ellos proponían: los servidores públicos del PJF tienen derecho a agruparse, expresar sus opiniones y a defender sus derechos ante el proyecto de reformas al Poder Judicial y frente a la propuesta de que las personas juzgadoras sean electas.

Pero, explicaron, estos derechos deben ejercerlos en los términos y con los límites del artículo 9 constitucional, en forma pacífica, con respeto y sin violar las normas vigentes. Por tanto, no pueden negarse a cumplir con su trabajo de impartir justicia, y ésta no puede paralizarse ni restringirse.

Estableciendo que corresponde al CJF que el servicio de justicia se preste en los términos del ar­tículo 17 constitucional y si el servicio se interrumpe es obligación del consejo actuar en consecuencia aplicando las leyes vigentes.