as declaraciones contradictorias de la embajada de Estados Unidos sobre la reforma judicial en México han sido rechazadas por injerencistas. En un primer momento, 13 de junio, el embajador Ken Salazar dijo: La manera en que se haga esto o si hay reacciones, es decisión de los mexicanos. Nosotros no podemos imponer nuestras opiniones. En un segundo momento, 22 de agosto, advirtió: La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Es decir, se permitía condenar un mandato de 36 millones y 60% de consenso social. Pero abundó asegurando que se desataría una política feroz, que la elección de juzgadores amenaza la histórica relación comercial y que se haría más fácil que el narcotráfico se aprovechara de jueces inexpertos.

A todas luces, la declaración del embajador Salazar confunde varias cuestiones, crucialmente, lo electoral con lo político. Someter a elección democrática un cargo es un método. La política es poner en el debate público las diferencias, articularlas ideológicamente, organizarlas. No son lo mismo, pero tanto el embajador como sus replicantes en las organizaciones que su propia embajada financia, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Amparo Casar y Claudio X. González, incurren en esa confusión. Así, los juzgadores electos serían resultado de la política y no de un método de elección que, según la iniciativa presentada, tendrá como precedente una evaluación y selección técnica hecha por un comité, como se hizo en la designación de consejeros nuevos en el Instituto Nacional Electoral. Si uno confunde ambas cosas, se piensa que los juzgadores harán campaña y que serán elegidos los que tengan mayor celebridad. Pero nada de esto es cierto si sabemos distinguir entre un método y la política como conducción de demandas, intereses, visiones de futuro. Elección y política son tan distintas que, en la elección de Guadalupe Taddei como presidenta del INE, y otros tres consejeros, se llevó a cabo tanto la criba con evaluaciones técnicas como, finalmente, un sorteo. Esto mismo está pensado para los juzgadores. Y ni los nuevos consejeros del INE resultaron un peligro para la democracia ni su selección tuvo alguna intervención del crimen organizado. Así que nos queda la relación comercial que, según el embajador, se vería amenzada.

De las iniciativas que se aprobarán con las dos terceras partes del Congreso por mandato de los ciudadanos, hay tres que le restan mercados mexicanos a las empresas estadunidenses: el maíz transgénico, el fracking y el fentanilo. Al explicar las iniciativas de reforma constitucionales, la secretaria de Medio Ambiente, Luisa Albores, indicó: “La siembra de organismos genéticamente modificados está directamente relacionada con el uso de sustancias dañinas para la salud, como el glifosato. El maíz transgénico es un cereal de laboratorio cuyas células están alteradas y su cultivo contamina y pone en riesgo a los maíces nativos. La iniciativa de reforma protege al maíz como elemento de identidad nacional y se le declara libre de transgénicos. Empresas como Monsanto, Dupont, Bayer, Pioneer y Sygenta perderían el mercado mexicano del maíz, cuando perderán, también, el del glifosato. La importación que hace México de maíz amarillo de Estados Unidos significa unos 6 mil millones de dólares al año, 400 mil toneladas.

El otro asunto de interés para Estados Unidos es el derecho al agua. Todos recordamos las batallas campales entre las guardias privadas y policías estatales contra los manifestantes en Mexicali que se resistieron a la apropiación de su agua por parte de la fábrica de alcoholes Constellation Brands. Era un agua que se mezclaría para hacer cervezas y vodka que se consumiría en el mercado de Estados Unidos, dejando a Mexicali sin agua para uso humano y, además, con un acueducto construido con dinero público por el entonces gobierno de Kiko Vega. Por eso, en la explicación de la iniciativa de reforma constitucional, Albores dijo: El uso del agua como una mercancía ha hecho que diferentes sectores económicos se apropien de ella de una manera irracional, generando sobrexplotación de los ríos y acuíferos y contribuido a la contaminación de ésta por su uso. También hay otra reforma para prohibir más concesiones para la minería a cielo abierto. Ya que implica eliminar toda la cobertura vegetal y con esto se ahuyenta la fauna, después se destruye el suelo y el subsuelo al remover roca y minerales. Y sobre el fracking, mencionó que en esta práctica se emplean hasta 750 productos químicos altamente tóxicos y hasta cancerígenos como metanol, benceno o tolueno, además de que requiere un uso excesivo de agua que produce grandes cantidades de aguas residuales sin que existan tratamientos efectivos para poder reutilizarla. En cuanto al fentanilo, el director de Cofepris, Alejandro Svarch, presentó la iniciativa constitucional así: Se trata de sustancias que se denominan duales porque su propósito puede ser lícito o ilícito. Los encontramos en productos como medicamentos, cosméticos y jabones, pero también sirven como componentes de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos y que a nivel mundial han causado más de 275 millones de muertes. Existen muchos fabricantes regulados que cumplen todos los procesos y lineamientos para la producción de productos lícitos; sin embargo, la clave radica en garantizar que el precursor químico no se desvíe de su fin declarado. Así, mediante una plataforma de control digital, la reforma detectará qué drogas legales se transfieren al mercado negro para sintetizar drogas ilegales. Eso significa todo un cambio en la estrategia contra el comercio ilegal de opioides que Estados Unidos cree que se resuelve secuestrando a El Mayo Zambada o, peor, como Trump, bombardeando un lugar imaginario habitado por narcos. Ese cambio de estrategia deja descobijado el papel del Departamento de Estado y su campaña contra los países culpables de la adicción masiva de los estadunidenses.

Así que en lo comercial se encierra por qué el embajador Ken Salazar cambió en tan pocas semanas de opinión con respecto al Poder Judicial que, durante casi todo este sexenio, ha servido como muro de contención de toda iniciativa legal del presidente López Obrador. Con la elección de juzgadores se acaba el modus operandi de las empresas extranjeras sobre el interés general y tendrán que ser más ingeniosos para crearse otro.