Washington. Dieciséis estados gobernados por republicanos presentaron ayer una demanda para suspender un programa federal que ofrece un camino a la ciudadanía a casi medio millón de migrantes que están casados con estadunidenses y que no cuentan con un estatus migratorio legal.

La coalición objeta el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, con el argumento de que el gobierno pasó por alto al Congreso para crear un mecanismo de naturalización con fines políticos flagrantes. Esta acción incentiva la migración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes, alega la querella presentada en la corte federal en Tyler, Texas. Bajo el nuevo programa, que entró en vigencia el lunes, muchos cónyuges indocumentados pueden solicitar un permiso de permanencia temporal, después la residencia legal para migrantes y, a la postre, su naturalización.

El programa resultó particularmente polémico en un año electoral en el que el flujo de indocumentados es uno de los temas principales, y muchos republicanos lo han criticado al afirmar que se trata de una forma de amnistía para personas que han violado la ley.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, declaró ayer en un comunicado que el plan viola la Constitución y empeora activamente el desastre del ingreso irregular de extranjeros que afecta a Texas y a nuestro país. En la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, contra el secretario de la dependencia, Alejandro Mayorkas, y contra otros funcionarios del gobierno de Biden, se acusa a la agencia de tratar de conceder permisos en masa, lo cual es un abuso de autoridad. La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, ex asesor del presidente Donald Trump, actúa como asesor legal en la demanda.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, señaló que la agencia sigue procesando las solicitudes que ya se han presentado.