México enfrenta el riesgo de perder oportunidades de inversión con la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en discusión en el Congreso, amenazó Empresas Globales, organismo que representa los intereses de 63 firmas trasnacionales que operan en el país.

En un comunicado, el organismo expresó su preocupación ante el riesgo de perder certeza jurídica para los capitales que tienen en México, y que según su propia afirmación equivalen a 40 por ciento del total de la inversión extranjera directa (IED) que llega al país –que el año pasado fue de 29 mil 629 millones de dólares, según el Banco de México.

El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas, manifestó el grupo empresarial.

Asegura que su actividad en México genera 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), proporción que equivale a unos 2.5 billones de pesos, y da empleo a 8 millones de mexicanos.

La agrupación comentó que comparte el interés del Presidente y del Congreso de la Unión de que el PJF sea más eficiente y transparente, que facilite el acceso a la justicia para todos los mexicanos, garantice la seguridad jurídica, proteja el estado de derecho y consolide la separación de poderes.

No obstante, enumeró aspectos que, a juicio de las trasnacionales que operan en México, deben ajustarse: independencia de la Judicatura, para que los jueces resuelvan con imparcialidad y sin intromisiones indebidas; establecimiento de procesos objetivos y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas; que la modificación al PJF garantice independencia de los jueces así como sus derechos, y exigió que los cambios no limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Es fundamental que la reforma no incumpla obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México ya que, en todos ellos, el país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes y procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables, señaló.

La agrupación es dirigida por Manuel Bravo, quien también es director general de Bayer México. Entre sus integrantes están: Nestlé, Pepsico, Siemens, Cargill, AT&T, General Motors, ExxonMobil, Stellantis, ArcelorMittal, Toyota y HSBC, de acuerdo con su página electrónica.