iega, sorda y muda sólo cuando le conviene, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, ya no puede fingir demencia sobre los eterna cuan artificialmente congelados expedientes del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, los cuales, desde los tiempos de Vicente Fox, han transitado por todas las instancias judiciales que la ley establece, y en todas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha resultado vencedor. Y no se trata de una bicoca, sino de alrededor de 63 mil millones de pesos, mismos que, con la ayuda de la cúpula del Poder Judicial, permanecen impagos.

Ante tal tortuguismo (por decirlo amablemente) de la SCJN, el pasado miércoles el presidente López Obrador informó que por medio de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, enviaría un oficio a la ministra Piña, a fin de que resuelva sobre los citados expedientes, especialmente uno que implica un adeudo fiscal por 35 mil millones de pesos. Ella lo tiene, lo recibió y no le ha dado trámite, reveló el mandatario.

Pues bien, tal oficio fue entregado en la SCJN a las 18:25 horas del 21 de agosto y en él se subraya; nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los amparos directos en revisión con números 5654/ 2024 y 6321/ 2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha, el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente.

Agrega: los citados asuntos corresponden a créditos a favor del fisco federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales de 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de dieciséis y once años en litigio, respectivamente, además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los tribunales colegiados de circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos, recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos.

Y sigue: es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su presidencia, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el intricado andamiaje y actuar del Poder Judicial de la Federación y es violatoria del artículo 17 constitucional.

De pilón, el citado oficio le recuerda a Norma Piña que estos asuntos ya fueron tratados por un ministro de esta Corte (Luis María Aguilar Morales, cancerbero de Salinas Pliego), quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto (y ese ministro solo los liberó tras ser denunciado públicamente por su oscuro proceder), asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen. En síntesis, el máximo tribunal del país al servicio de la oligarquía.

En otro orden, López Obrador dijo que quienes están en paro saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, pero a quien corresponde atender esto es a la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, Norma Piña, o lo que es lo mismo, una de las organizadoras del… paro.

Por cierto, la presidenta electa envía un atento saludo a esos paristas y a sus titiriteros: es poco ético cobrar el salario (jueces, magistrados y ministros) si se declaran en huelga de brazos caídos ¿Cómo se van a paro y siguen cobrando 150 mil pesos mensuales? (en el caso de los jueces, porque en el de los ministros son palabras mayores), y dice que independientemente de que es un movimiento no legal, si se realizara una encuesta entre la población, creo que 90 por ciento diría: se van a paro, sí, pero que no cobren el sueldo.

Las rebanadas del pastel

Con la cuchara grande: del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se destinarían 7 mil 354 millones de pesos para financiar a partidos políticos, 16 por ciento más, en términos reales (48 por ciento en términos nominales) a lo que recibieron en 2019, es decir, al año siguiente de la elección presidencial de 2018.

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